LOS VIAJES SECRETOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Política

LOS VIAJES SECRETOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Por: Ernesto Santillan
CDMX
Fecha: 19-11-2026

Entre septiembre de 2025 y junio de 2026, ocho de los nueve integrantes del Máximo Tribunal realizaron 34 comisiones oficiales autoautorizadas con cargo al erario y clasificaron todos sus comprobantes como reservados, mientras sus asesores y secretarios sí hicieron públicos boletos de avión y consumos en restaurantes.


"Ministros honestos, somos diferentes, cercanos al pueblo". Bajo esa premisa llegaron al cargo los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); sin embargo, desde el inicio de su gestión han reservado, por supuestos motivos de seguridad personal y nacional, todos los viáticos gastados en sus viajes de trabajo.


De acuerdo con documentos oficiales, del 1 de septiembre de 2025 al 30 de junio de 2026, ocho de los nueve ministros que integran la Corte ?es decir, todos con excepción de Yasmín Esquivel Mossa? viajaron por el país para llevar a cabo distintas comisiones sin que uno solo haya transparentado las facturas de estas actividades laborales.


En total, los ocho ministros realizaron en conjunto 34 viajes pagados con dinero de los mexicanos ?comisiones que además ellos mismos se autoautorizan?. A pesar de ser sujetos obligados en materia de transparencia, todos los comprobantes de sus gastos fueron clasificados como reservados bajo el argumento de riesgos a la "seguridad personal" y a la "seguridad nacional".


El contraste: ministros bajo reserva, colaboradores transparentes


Irónicamente, los ministros rara vez realizan estas comisiones solos. Por lo general, suelen ir acompañados de asesores, auxiliares, secretarios o personal de seguridad, quienes, a diferencia de los juzgadores, sí transparentan todas las facturas de los gastos que realizan durante sus labores, sin que ninguno de ellos haya solicitado reservar su información por motivos de seguridad de ninguna índole.


Un ejemplo claro de esta disparidad ocurrió el 15 de mayo de 2026, cuando la ministra Lenia Batres Guadarrama viajó de la Ciudad de México a Monterrey, Nuevo León, para reunirse con jueces y magistrados del Cuarto Circuito Judicial. Mientras la ministra reservó todas sus facturas, los tres integrantes de su ponencia que la acompañaron entregaron sus comprobantes fiscales íntegros.


En las facturas públicas de sus asistentes Adrián Cajeme Álvarez López y América Esmeralda López Pelcastre, así como de su secretario auxiliar Jesús Adalid Mayorga, se detallan sin restricción alguna los códigos de reservación, los horarios de emisión, el pago con tarjeta de crédito y el costo exacto de cada boleto de avión.


Lo mismo sucede en la oficina de la presidencia de la Corte. El 21 de mayo de 2026, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz viajó a Hermosillo y Guaymas, Sonora, para asistir a la inauguración de una oficina operativa del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), comisión cuyas facturas fueron clasificadas como reservadas. No obstante, su secretaria particular de mando superior, Greysi Adriana Muñoz, sí hizo públicas todas sus cuentas de ese mismo viaje: desde su boleto de avión por 8 mil 853 pesos, hasta el comprobante fiscal en efectivo por 560 pesos de un consumo en un restaurante de Sonora.


Otro caso se registró pocos días después, cuando la ministra María Estela Ríos González viajó a Hermosillo, Sonora, del 28 al 30 de mayo de 2026 para realizar una visita jurisdiccional. La ministra clasificó todas sus facturas como reservadas bajo los argumentos de seguridad personal y seguridad nacional.


En contraste, los dos colaboradores que viajaron con ella sí transparentaron sus comprobantes fiscales, ambos con boletos de avión de 8 mil 365 pesos. Su secretario particular, Alberto Díaz Rivera, hizo públicos todos sus gastos, incluyendo una factura del 28 de mayo de 2026 en el restaurante Sonora Grill de Hermosillo; mientras que su secretario de Estudio y Cuenta, Eduardo Manuel Méndez Sánchez, hizo lo mismo, confirmando una tendencia que se repite entre los ministros que viajaron y las personas que los acompañaron.


Un acuerdo interno de 2023 contra la nueva Ley de Transparencia


El criterio de la Corte para ocultar esta información que debería ser pública está basado en una resolución del Comité de Transparencia de la SCJN de 2023, en la cual se ignoraron las consideraciones del entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sobre la reserva de estos documentos.


Al respecto, Yolli García, directora general del Instituto Mexicano de Estudios sobre la Transparencia (IMET), explicó que dicho criterio sigue operando al interior del tribunal:


"Lo que no está derogado son los acuerdos que tomó el Comité de Transparencia de la Suprema Corte donde ellos siempre han sostenido que se dan estas dos causales, la de seguridad personal de cada uno de los ministros y la de seguridad nacional... y así entregan la información y así lo han venido reiterando".


Otro de los cuestionamientos legales surge porque, aunque tanto el Comité de Transparencia de la Corte como los ministros fundamentan sus reservas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente ?publicada el 20 de marzo de 2025, con la cual desapareció el INAI?, continúan aplicando un acuerdo interno de 2023 que contradice el espíritu de la nueva norma.


Norma Julieta del Río Venegas, excomisionada presidenta del INAI, subrayó que la legislación actual no contempla el ocultamiento de estos gastos y cuestionó la congruencia de los juzgadores:


"Las ministras y los ministros son sujetos obligados hoy, la Corte de Justicia de la Nación, que es una autoridad garante, de acuerdo a esta reforma que se dio en marzo, precisamente de la Ley de Transparencia para desaparecer el INAI, y en esta Ley de Transparencia, del 20 de marzo del 25, ya es una autoridad garante y en ningún lado dice que los viáticos, que las comisiones se deben de reservar".


La excomisionada añadió sobre la exposición pública de sus giras: "Ahora, si los están reservando por motivo de seguridad personal, entonces, ¿por qué publican sus fotos en las redes sociales? En conclusión, son públicos los gastos y los montos y las comisiones de las y los ministros en este país".


Choque con el decreto presidencial y falta de vigilancia


Mientras los ministros de la Suprema Corte viajan por todo el país sin rendir cuentas a nadie más que a ellos mismos, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha realizado esfuerzos públicos para evitar que se abuse de la reserva de información argumentando riesgos a la seguridad nacional, precisamente como ocurre en el Máximo Tribunal.


Por ello, el 4 de agosto de 2026, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), se publicó el Decreto Presidencial de Transparencia Proactiva, cuyo objetivo central es obligar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a difundir de manera sistemática y accesible información considerada de alto interés público, más allá de las obligaciones mínimas de la ley.


Para Norma Julieta del Río Venegas, la postura de los ministros choca directamente con el discurso oficial de austeridad y apertura:


"Y la presidenta hizo el llamado, aparte de estar en la ley establecido, todavía les hizo el llamado de que dejen de reservar información. Los ministros y las ministras no son intocables, o sea, son seres humanos, servidores públicos que pregonan austeridad y pregonan justicia abierta y están haciendo todo lo contrario... Suena más a que los ministros y las ministras están ejerciendo recursos públicos de las y los mexicanos para otros fines y por eso están reservando".


Un factor adicional que abona a la opacidad, más allá de lo que marca la ley, es la incapacidad operativa de las autoridades garantes de transparencia y de la propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para cumplir con sus responsabilidades de fiscalización.


Sobre este vacío institucional, Yolli García advirtió sobre las consecuencias de aprobar cambios normativos sin recursos ni vigilancia efectiva:


"Toda reforma que se hace sin un impacto presupuestal tiene grandes problemas para que pueda funcionar adecuadamente... van a tener que hacer el trabajo que ya tenían asignado más lo que se les dio de estas nuevas tareas sin personal especializado lo van a tener que sacar. Ahorita el problema es quién está revisando que se esté cumpliendo o no. Por ejemplo, hay un acuerdo que está publicado en la misma plataforma... revisar que efectivamente se esté cumpliendo con esta nueva ley o con estos nuevos decretos que se emiten".


Así, mientras la factura de un restaurante en Sonora o el pase de abordar de un secretario auxiliar son públicos hasta el último centavo, el detalle de en qué y cómo gastan los ministros permanece bajo llave. Una contradicción evidente para una Corte que prometió austeridad y cercanía con el pueblo, pero que hoy utiliza el argumento de la seguridad nacional para blindar sus propios recibos.


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