Marina del Pilar sigue en el centro de la polémica por audios

Por: Leticia Alcántara
CDMX
Fecha: 16-07-2026



La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, enfrenta una nueva controversia luego de la difusión de otro audio revelado por el periodista Héctor de Mauleón, en el que se menciona la organización de una presunta reunión con representantes de autoridades estadounidenses en Panamá, prevista para finales de agosto.


En la grabación, difundida este 16 de julio, un hombre informa a la mandataria que el encuentro se realizaría en ese país para evitar un impacto mediático y porque sería considerado un "sitio estratégico y neutral" para la participación de representantes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) y del Buró Federal de Investigaciones (FBI).


Tras escuchar las condiciones planteadas, Marina del Pilar manifiesta su disposición para asistir al encuentro y pregunta si podría acudir acompañada de sus abogados.


La nueva grabación se suma a otro audio difundido el pasado 13 de julio, en el que la gobernadora habla de reunirse con personas que se presentaron como agentes o intermediarios del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional.


En esa conversación, Ávila expresa su preocupación por una eventual extradición a Estados Unidos y rechaza sostener reuniones del otro lado de la frontera o en un consulado estadounidense. En cambio, propone que el encuentro se lleve a cabo en un hotel ubicado en territorio mexicano.


Además, señala que estaría dispuesta a colaborar con autoridades estadounidenses y compartir información obtenida durante las Mesas de Seguridad, donde participan autoridades federales y estatales para analizar temas de seguridad pública.


"¿De qué quieren que les hable?", se escucha preguntar a la gobernadora en una de las grabaciones.


En ambos audios, la mandataria analiza la posibilidad de sostener reuniones fuera de los canales diplomáticos tradicionales con el aparente propósito de encontrar una solución a los problemas derivados de la cancelación de su visa estadounidense y atender posibles implicaciones legales.


¿Quién decide sobre las visas en Estados Unidos?


Aunque en los audios se menciona al FBI y al Departamento de Seguridad Nacional, la autoridad encargada de expedir, negar o revocar visas es el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de sus embajadas y consulados.


No obstante, otras agencias federales participan en la evaluación de riesgos y el intercambio de información que puede influir en esas decisiones.


El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) interviene en materia de seguridad fronteriza e inmigración mediante organismos como CBP, ICE y USCIS, mientras que el FBI investiga delitos federales, corrupción, crimen organizado, narcotráfico y amenazas a la seguridad nacional, aunque no tiene facultades para otorgar o restituir visas.


Por su parte, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, administra sanciones económicas y el congelamiento de activos contra personas o entidades sujetas a investigaciones o medidas del gobierno estadounidense.


Gobernadora reconoce conversaciones


Tras la publicación de los primeros audios, Marina del Pilar reconoció la autenticidad de las conversaciones, aunque sostuvo que las personas con las que habló se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses sin acreditar formalmente esa representación.


La mandataria afirmó que cualquier intercambio de información relacionado con seguridad se realiza exclusivamente mediante los mecanismos oficiales de cooperación entre México y Estados Unidos.


Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha confirmado la realización de las reuniones descritas en los audios, ni ha informado sobre investigaciones, procedimientos de extradición o negociaciones oficiales con la gobernadora de Baja California.


La difusión de estas nuevas grabaciones incrementa la presión política sobre Marina del Pilar Ávila y alimenta las versiones sobre presuntos acercamientos de funcionarios mexicanos con autoridades estadounidenses para atender asuntos migratorios o legales.


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