En México, la desigualdad en el acceso a servicios básicos persiste como uno de los mayores desafíos sociales, especialmente en lo que respecta a la salud
Los hogares con menores ingresos enfrentan una carencia en salud 3.5 veces mayor que los hogares con mayores ingresos, según un análisis de la ONG Acción Ciudadana Frente a la Pobreza basado en los datos de la medición de pobreza publicada recientemente por el Gobierno mexicano.
Esta desigualdad se refleja en que las familias con mayores recursos pueden acceder a servicios privados, mientras que las de menores ingresos dependen de un sistema público que no siempre cubre sus necesidades de manera adecuada.
A pesar de que el número de personas en situación de pobreza en México disminuyó en aproximadamente 8.3 millones entre 2022 y 2024, pasando a 38.5 millones, la proporción de la población con carencias sociales aumentó del 26% al 32%, impactando a áreas críticas como la educación, la vivienda y, sobre todo, la salud.
En particular, el acceso a servicios médicos públicos se ha deteriorado drásticamente por la transición del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y la falta de recursos adecuados como personal médico, hospitales y medicinas. Esta situación ha forzado a muchas personas a recurrir a servicios privados con costos elevados, situación que afecta más a mujeres, quienes han visto incrementados sus gastos en atención médica, especialmente en servicios asociados al parto
Expertos señalan que si bien el aumento en los ingresos laborales ha ayudado a reducir la pobreza, este mecanismo enfrenta limitaciones porque el incremento del salario mínimo está cerca del ingreso medio, lo que limita su potencial para seguir impulsando la reducción de la pobreza sin un crecimiento económico sostenido.
Además, México es un país caracterizado por una desigualdad profunda no solo económica, sino también territorial; las oportunidades de acceso a derechos sociales varían significativamente dependiendo del estado en el que se nazca, afectando el acceso a movilidad social, empleo y servicios públicos.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha documentado que en 2024 el 29.6% de la población vivía en situación de pobreza multidimensional, es decir, sin garantizar el ejercicio de derechos sociales esenciales como educación, seguridad social, vivienda, alimentación y salud.
Aunque la pobreza ha disminuido en los últimos años, la falta de acceso a servicios de salud adecuados y la persistencia de la informalidad laboral, que afecta a más del 54% de la población ocupada, siguen siendo obstáculos para un desarrollo equitativo y una verdadera inclusión social
En suma, el avance logrado en la reducción de la pobreza en México no ha sido acompañado de una mejora similar en la calidad y cobertura de servicios sociales esenciales, especialmente en salud.
Esto subraya la urgencia de corregir las políticas públicas para enfocarse en la equidad y asegurar que el progreso económico beneficie a toda la población, evitando que el acceso deficiente a servicios básicos mantenga a millones en una condición vulnerable.
La experiencia muestra que la pobreza y la salud en México no solo dependen de los ingresos, sino también de la calidad y el acceso efectivo a los sistemas sociales en cada región del país, un reto que obliga a buscar soluciones integrales y sostenidas a largo plazo.