Mercenarios modernos: el nuevo negocio que amenaza a los Estados

Los conflictos armados del siglo XXI ya no se libran solo entre ejércitos regulares

Un informe reciente de expertos de la ONU advierte sobre el papel cada vez más desestabilizador que desempeñan los mercenarios y las empresas militares y de seguridad privadas (EMSP), actores que hoy operan bajo estructuras corporativas complejas y con escasa rendición de cuentas.

El documento, elaborado por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios, alerta que estos actores han evolucionado más allá del soldado de fortuna tradicional.

En la actualidad, muchas de estas empresas funcionan como corporaciones internacionales que aprovechan vacíos legales para intervenir en conflictos sin asumir responsabilidades por los abusos cometidos

Soberanía en riesgo y derechos vulnerados

Según el informe, la contratación de fuerzas privadas -tanto por gobiernos como por actores no estatales- puede socavar la soberanía nacional al debilitar el monopolio legítimo del uso de la fuerza. Además, esta práctica suele emplearse para evadir el escrutinio público sobre bajas militares o decisiones estratégicas.

Los expertos documentan también graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y trata de personas, cometidas con frecuencia por estos grupos.

Su carácter transnacional y la opacidad de sus operaciones hacen casi imposible llevar a los responsables ante la justicia

Vacíos legales e impunidad

La falta de un marco jurídico sólido es otro de los puntos críticos. El informe señala que las jurisdicciones ambiguas y los contratos secretos generan un "vacío de responsabilidad" que muchas empresas aprovechan.

A esto se suman los nuevos modelos de negocio híbridos, donde las compañías ofrecen servicios de inteligencia, ciberguerra o incluso influencia política, en ocasiones en alianza con élites corruptas o corporaciones multinacionales.

Llamado a una regulación internacional

Ante este panorama, el Grupo de Trabajo de la ONU pide a los Estados fortalecer los marcos legales e incluso crear un instrumento jurídicamente vinculante que regule las actividades de las EMSP.

También solicita aplicar jurisdicción universal para investigar y sancionar los crímenes cometidos por estos actores y garantizar que las víctimas tengan acceso a justicia y reparación.

Los expertos subrayan que, sin mecanismos de control eficaces, los mercenarios seguirán actuando en las sombras de los conflictos modernos, erosionando la soberanía estatal y poniendo en riesgo los derechos humanos a escala global