México desmantelado, delito silencioso

El robo de cable eléctrico, de medidores de agua o luz, es un delito que no se mide con eficiencia y eso hace que la impunidad sea elevada. Apenas diez mil denuncias en una década, muestra de que la seguridad de esta infraestructura no está en las prioridades.

José recuerda cuando de un momento a otro se dio cuenta de que le habían robado toda la tubería de cobre de su vivienda.

"Al día siguiente yo me quería bañar y nomás no había agua. Yo dije se supone que nosotros tenemos el tinaco y todo, resulta que volteo para arriba y ya no tenían nada de tubería de cobre, toda la tubería nos la robaron".

Historias como ésta se repiten en todo el territorio nacional, pero no todas llegan a una denuncia u obtienen justicia.

El robo de infraestructura es un delito que lo mismo afecta a los gobiernos, que a empresas privadas, que a las comunidades.

Se manifiesta como el robo de cable eléctrico, de medidores de agua y de luz, así como de tapas de acero de los registros, cosas que terminan en un mercado negro difícil de cuantificar.

De acuerdo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la última década se han denunciado diez mil 110 robos de cables, tubos y otros objetos de infraestructura urbana.

Destacan casos reportados entre 2021 y 2022, los años posteriores a la pandemia por Covid-19 ya que representan 37 por ciento del total de incidentes denunciados en los últimos diez años.

Los estados de Puebla, Jalisco y Quintana Roo concentran tres de cada cinco denuncias, aunque llama la atención que de 2015 a 2025, estados como Baja California, Ciudad de México, Guanajuato, Nayarit y Sinaloa no reportaron un sólo caso de este tipo de robos... cero casos en diez años.

Estas cifras no incluyen los robos a empresas privadas ni domicilios particulares que se reportan simplemente como robos y la estadística nacional no los presenta de manera desagregada, convirtiéndolas en parte de la cifra negra.

"Nos robaron la tubería del gas, que era de tanque estacionario, la tubería del agua y ahí fue cuando alguien nos dio el tip de colocar tubería de PVC, ponerla encima y echarle cemento", recuerda José, víctima del robo de toda la tubería de cobre de su domicilio.

Otra modalidad es el robo de cable de fibra óptica, que afecta a empresas privadas proveedoras de servicios de telefonía, televisión por cable e internet.

Como en el caso de los robos a casas y domicilios, no hay cifras oficiales sobre carpetas de investigación iniciadas por el robo de fibra óptica, pues las fiscalías las catalogan como robo, dentro del catálogo de delitos patrimoniales.

En Ciudad de México entre 2023 y 2024, se reportaron sólo 18 remisiones de personas ante ministerio público por este delito, y que fueron detenidas in fraganti, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Delito grave que no se denuncia

El robo de cables, tuberías y tapas de coladera es un delito que se castiga con pocos años de cárcel, pero deja millonarias ganancias al mercado negro, ante la falta de acción de las autoridades.

En febrero de 2014, el Congreso de la Unión tipificó como delito grave el robo de cable de cobre cuando provoque la interrupción de servicios públicos y básicos, con penas que van de dos a siete años de cárcel.

En consecuencia, los congresos locales han actualizado sus códigos penales para elevar las penas contra el robo de infraestructura urbana como el cableado eléctrico, coladeras, registros y medidores.

Este delito provoca un mercado negro de metales como cobre, zinc, fierro, acero o aluminio que afecta a dependencias públicas de todos los niveles, pero también ha fomentado la criminalización de ciertos establecimientos dedicados a la compra de desechos industriales.

"Seguido nos robaban los registros, seguido nos robaban el tema de las rejas, las llaves del baño, realmente es un negocio muy lucrativo, pero también muy mal pagado. Quienes de alguna manera llevan esa situación son los de los compradores de este tipo de materiales", dijo un ex funcionario municipal de Michoacán, quien pidió identificarse sólo cono Alberto.

Sin embargo las cifras no cuadran pese al impacto que tiene este delito en la vida cotidiana.

El robo de cable eléctrico suspende la distribución de energía y afecta a las personas y las actividades económicas del país y esto no se cuantifica.

Por otro lado, las mismas autoridades son opacas al informar cuando son víctimas de estos delitos.

La Comisión Federal de Electricidad reportó que de 2013 a 2022 sufrió pérdidas por cinco mil 545 millones de pesos por el robo de 195 mil 360 metros lineales de cable de cobre, principalmente en la Ciudad de México y el Estado de México.

Sin embargo, no hay información pública sobre pérdidas de 2022 a la fecha.

En Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que entre 2019 y 2023 sufrieron el robo de 14 mil metros lineales de cable eléctrico en talleres y túneles, provocando pérdidas estimadas en 100 millones de pesos para la reposición.

Sin embargo, hay autoridades que reconocen que no siempre prosperan las denuncias ante la dificultad para saber quién está detrás de los robos.

"Yo te lo puedo ver desde la perspectiva de un servidor público que vio que a cada rato se tiene que invertir en equipamiento urbano, pero que también no se inician las denuncias correspondientes, porque no sabes contra quién vas a denunciar", dijo Alberto, ex encargado de parques y jardines de un municipio michoacano.

Coladeras destapadas

El robo de tapas y registros de coladeras es cotidiano y deja millonarias pérdidas por el costo de reposición, aunque los negocios que compran fierro viejo reconocen que prefieren no comprar este tipo de piezas, porque saben que son producto de un delito.

En noviembre de 2022 dos jóvenes de 16 y 23 años murieron al caer a una coladera cuando se dirigían a un concierto en el palacio de los deportes de la Ciudad de México. A la fecha ninguna persona ha sido detenida y menos enjuiciada.

Esta es quizá la consecuencia más grave del robo de tapas de alcantarilla, un delito que es recurrente y del que poco se informa.

En el caso de Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que de 2022 a marzo de 2025 detuvo a 101 personas por este delito, pero no hay un registro de cuántas tapas son hurtadas.

Según el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en las 16 alcaldías hay 470 mil 413 pozos de visita, rejillas de piso y coladeras pluviales.

De 2019 a 2021 la dependencia capitalina reportó gastos por 33.6 millones de pesos para reponer tapas y registros robados.

El destino de esas piezas de infraestructura son los negocios de compra de desperdicio industrial, donde se compra a cinco pesos el kilo, un equivalente a 250 pesos por una tapa de 50 kilos.

Sin embargo, los propios compradores de fierro reconocen que es material robado y que el incremento de penas de prisión ha inhibido la compra clandestina.

Actualmente, la Secretaría de Gestión Integral del Agua, que sustituyó al Sistema de Aguas de la capital, reportó la sustitución de cuatro mil 665 coladeras, tapas y rejillas entre 2023 y 2024 en las 16 alcaldías de la ciudad, además de que ha comenzado a sustituir por tapas de plástico para reducir la incidencia de robos.

El robo de alcantarillas es un fenómeno nacional.

Se las roban en las zonas metropolitanas de las grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey, Puebla y Toluca y el costo de esta infraestructura llega a los 350 pesos en el mercado ilegal, piezas que son fundidas y revendidas incluso a las mismas autoridades responsables de su sustitución.

Pero sigue habiendo subregistro de casos o al menos eso muestran las cifras oficiales. En la última década, de 2015 a 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta sólo 10 mil 110 denuncias por el delito de robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos, que incluyen el robo de tapas y registros de coladeras.