La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que su Gobierno no tiene previsto abandonar la Organización de Estados Americanos (OEA), a pesar de las críticas del organismo sobre el reciente proceso de elección judicial realizado el 1 de junio.
"No hemos considerado salir de la OEA", expresó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.
Sheinbaum cuestionó el informe preliminar presentado por la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA, el cual recomendó no replicar en otros países el modelo mexicano de elección popular de jueces y magistrados. La presidenta acusó al organismo de exceder sus funciones. "Realmente entra a asuntos políticos que solo competen a las y los mexicanos", afirmó.
El informe de la OEA se centró en los problemas que detectó durante este proceso, en el que sólo participó el 13% del electorado. Según la MOE, este tipo de elección no tiene precedentes en el mundo y podría poner en riesgo la imparcialidad y la independencia del sistema judicial en México.
Ante esto, la Cancillería mexicana envió una nota diplomática al secretario general de la OEA, Albert Ramdin, en la que manifestó su desacuerdo con las conclusiones del informe. En el documento se señaló que la misión "rebasó su mandato" y actuó de manera contraria a los principios de la Carta de la Organización.
La preocupación del organismo internacional no se limita al proceso de este año. También advirtió que, si no se ajusta el calendario electoral, las elecciones judiciales de 2027 podrían coincidir con comicios generales, lo que aumentaría el riesgo de interferencia política.
El pasado 1 de junio se llevó a cabo en México por primera vez una elección para más de 880 cargos judiciales federales. Entre estos se eligieron nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como parte de una reforma promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Los primeros resultados indican que los candidatos cercanos al oficialismo dominarán las principales instancias del renovado Poder Judicial. Esto incluye tanto la Suprema Corte como el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
A pesar de la polémica generada por el informe de la OEA, el Gobierno mexicano ha dejado claro que no tiene intención de abandonar el organismo, aunque insiste en que este tipo de recomendaciones no deben interferir con las decisiones internas del país.