En México, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2022, 4 de cada 10 personas no podían costear la canasta básica de alimentos
Esta situación ya es alarmante por sí sola, pero se vuelve aún más crítica si consideramos que alrededor de 8.8 millones de personas viven con alguna discapacidad, y enfrentan no solo las limitaciones propias de su condición, sino también los costos adicionales que deben asumir para aspirar a una mejor calidad de vida.
Existen distintos tipos de discapacidad -visual, auditiva, motriz, intelectual y psicosocial-, cada una con necesidades específicas que requieren tratamientos, apoyos técnicos o accesorios especializados.
Sin embargo, muchas veces estos recursos son inaccesibles debido a sus altos costos y a la falta de oportunidades laborales para quienes los necesitan.
Según el Observatorio Estatal de la Discapacidad, la pobreza afecta al 33% de las personas con discapacidad, una proporción significativamente mayor que la de la población general.
Además, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), solo el 29% de las personas con discapacidad en México tienen empleo, lo que perpetúa su dependencia económica y limita seriamente su autonomía
Dentro de los accesorios especializados que requieren muchas personas con discapacidad se encuentran productos esenciales como:
Además de estos equipos, en muchas ocasiones es indispensable acudir a terapias físicas especializadas, que pueden costar entre 700 y 1,200 pesos por sesión.
También puede ser necesario adaptar espacios del hogar, como los baños, cuyo costo varía dependiendo del nivel de accesibilidad requerido, y puede ir de 3,500 hasta 43,000 pesos.
Si consideramos que el salario mínimo general en México es de 8,427 pesos mensuales, y restamos los 1,927 pesos que, según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, se requieren para cubrir la canasta básica, quedan alrededor de 6,500 pesos para afrontar todos los demás gastos: servicios, transporte, ocio, préstamos (en caso de tenerlos) y, además, las necesidades especiales que permiten mejorar la calidad de vida de una persona con discapacidad.
La realidad es que, con ese presupuesto, los recursos resultan claramente insuficientes
Ante este panorama de carencias, es indispensable revisar qué apoyos existen actualmente en México existen diversos apoyos, tanto a nivel federal como estatal, dirigidos a personas con discapacidad.
Estos van desde ayudas económicas hasta la entrega de equipos funcionales, dependiendo de la región y del tipo de necesidad.
Uno de los programas más relevantes es la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, aplicable en 24 entidades del país -entre ellas, Baja California, Chiapas y Oaxaca-, cuyos gobiernos firmaron convenios de universalidad con el Gobierno de México. Este programa otorga un apoyo bimestral de 3,200 pesos.
A nivel estatal, también existen iniciativas específicas. Por ejemplo, en Michoacán, opera la pensión para personas con discapacidad de entre 30 y 64 años, la cual requiere acreditar un grado profundo o total de discapacidad, y otorga un apoyo de 2,950 pesos bimestrales.
En Tlaxcala, se encuentra el Programa de Apoyo Económico para Personas con Discapacidad Permanente, con un monto de 2,800 pesos cada dos meses
En la Ciudad de México, el programa Atención para el Bienestar de Grupos Prioritarios proporciona apoyos funcionales, tales como andaderas, bastones, auxiliares auditivos, diademas con vibrador óseo, entre otros, dependiendo de las necesidades de cada persona.
Asimismo, las personas con discapacidad pueden tramitar la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad (CRENAPED), que acredita oficialmente la condición y funciona como referencia para diversos trámites.
Esta credencial también ofrece beneficios adicionales, como descuentos en transporte, pasaporte, servicios médicos y otros trámites estatales, dependiendo de cada entidad federativa
Por su parte, el IMSS y el ISSSTE ofrecen a sus derechohabientes consultas médicas, terapias físicas básicas, rehabilitación y medicamentos incluidos en el cuadro básico.
Sin embargo, presentan diversas limitaciones, ya que no siempre cubren dispositivos avanzados, como sillas de ruedas eléctricas o prótesis de alta tecnología, ni medicamentos especializados, como la insulina de última generación.
Lo mismo ocurre con el programa IMSS-Bienestar, que brinda atención médica a personas sin afiliación a otros sistemas de salud.
Aunque representa una opción importante, también enfrenta restricciones similares, al no cubrir tratamientos ni dispositivos de alta especialización
En materia de financiamiento y subsidios, existen programas que buscan aliviar los gastos relacionados con la discapacidad.
Uno de ellos es el Programa de Apoyo para la Adquisición de Prótesis y Órganos Artificiales, del CONADIS, el cual puede cubrir hasta el 50% del costo de prótesis y dispositivos de apoyo.
Por su parte, el Banco del Bienestar ofrece créditos con tasas de interés bajas para la adquisición de dispositivos funcionales.
Además, el IMSS cuenta con un Programa de Medicamentos Genéricos, que proporciona fármacos a precios reducidos para sus afiliados, lo cual contribuye -aunque sea de forma parcial- a disminuir la carga económica que implican los tratamientos médicos.
En España, el gobierno ayuda a pagar medicamentos y dispositivos médicos, lo que baja mucho su costo para personas con discapacidad. En cambio, en Estados Unidos, el acceso depende de seguros o programas públicos, que suelen tener muchas condiciones y costos extra
Las organizaciones civiles desempeñan un papel fundamental en la provisión de servicios para personas con discapacidad, ya que muchas de ellas ofrecen terapias, educación y dispositivos de apoyo, además de promover la inclusión social y laboral mediante programas y actividades.
Ejemplos destacados de este esfuerzo son las asociaciones Mismo Pulso A.C. y Kutsi Autismo A.C.
En el estado de Jalisco, existe el programa Por la Inclusión de Personas con Discapacidad, que otorga apoyos económicos de hasta 250 mil pesos a Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajen en favor de esta población.
Estos recursos se destinan a la ejecución de proyectos de desarrollo social, y se entregan mediante convocatorias directas emitidas por la Subsecretaría de Derechos Humanos, en un esquema de coinversión con el Gobierno del Estado
La falta de apoyos económicos, junto con la situación económica del país, agrava las condiciones de salud de las personas con discapacidad.
Esto se debe al limitado acceso a medicamentos y terapias, tanto físicas como mentales, ya que muchas de ellas enfrentan depresión y ansiedad causadas por la exclusión social y la discriminación.
Mientras el Estado no garantice una cobertura universal y efectiva, la discapacidad seguirá siendo una sentencia de exclusión.
La inclusión real no solo se proclama: se construye con presupuesto, voluntad y políticas públicas equitativas.