El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó este martes que el gobierno federal mantiene abiertas las investigaciones sobre el caso del llamado "huachicol fiscal" en Tamaulipas, esquema mediante el cual se habrían introducido al país combustibles de manera ilegal con apoyo de redes criminales y complicidad de autoridades locales.
"Quiero ser muy claro: no habrá impunidad. Todos los responsables, desde empresarios hasta funcionarios que participaron en estas operaciones, enfrentarán a la justicia", dijo García Harfuch en conferencia de prensa tras una reunión de seguridad.
"14 personas fueron detenidas en la Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, entre las que se encuentran empresarios y algunos servidores públicos relacionados con el mercado ilícito de combustible".
Un juez federal vinculó a proceso al vicealmirante Manuel Roberto "F" y a nueve integrantes más de la Secretaría de Marina (Semar) por las investigaciones de huachicol fiscal documentado en un buque de Tamaulipas.
El titular de SSPC reconoció el trabajo de la Secretaría de Marina (Semar), luego que algunos de sus elementos se vieron involucrados en este caso de huachicol fiscal.
"Reconocemos el trabajo comprometido que han realizado por muchos años, los hombres y las mujeres de la Secretaría de Marina para brindar seguridad a nuestro País y reiteramos que el actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de la institución como los mismos resultados antes mencionados lo reflejan", argumentó.
El esquema de contrabando de combustibles, conocido como "huachicol fiscal", involucra la subvaluación y el uso de facturas falsas para introducir hidrocarburos a territorio nacional, generando pérdidas millonarias al erario. Según datos oficiales, la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han detectado irregularidades en al menos 40 empresas vinculadas a estas prácticas en Tamaulipas.
El titular de Seguridad indicó que la investigación avanza en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y dependencias federales como el SAT y la Secretaría de Marina. Aunque evitó dar nombres, aseguró que "hay exfuncionarios y figuras políticas bajo investigación".
Organizaciones civiles en Tamaulipas han exigido que los procesos judiciales avancen sin favoritismos y que se castigue a las redes de corrupción que han permitido la operación de este negocio.
García Harfuch reiteró que el caso es prioritario para el gabinete de seguridad: "Estamos trabajando con toda la fuerza del Estado. No importa el cargo ni el poder económico que tengan los implicados, deberán rendir cuentas".