Nueva Ley de Extorsión amenaza libertad de expresión, advierte ONG

La organización civil Propuesta Cívica advirtió que la nueva Ley General de Extorsión, publicada el pasado 28 de noviembre, representa un riesgo para la libertad de expresión en México.

De acuerdo con la ONG, la forma en la que está redactada la ley "abre la puerta" para que actores políticos o particulares utilicen el sistema penal con el objetivo de silenciar críticas, denuncias públicas y actos de protesta legítimos.

En una carta difundida este martes, Propuesta Cívica explicó que la ley contempla penas de hasta 25 años de prisión por el delito de extorsión, el cual ha registrado un crecimiento del 23.1%. Este delito afecta principalmente a entidades como Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, donde miles de personas enfrentan este problema de manera cotidiana.

Tras un análisis jurídico exhaustivo, la organización señaló que la definición del delito de extorsión, establecida en el artículo 15, es ambigua. La ley describe la extorsión como cualquier conducta que obligue a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo para obtener un beneficio, lo que deja amplios márgenes de interpretación y permite que discursos protegidos constitucionalmente puedan ser denunciados penalmente.

Propuesta Cívica alertó que, con esta redacción, exigencias de justicia como pedir la liberación de personas detenidas arbitrariamente o participar en debates políticos podrían ser clasificadas de manera abusiva como extorsión. Esto implicaría penas de entre 15 y 25 años de cárcel para personas que ejercen su derecho a la protesta o a la libertad de expresión.

La ONG también advirtió sobre las agravantes incluidas en los artículos 16, 17 y 18 de la ley, las cuales permiten incrementar las penas de forma desproporcionada. Por ejemplo, una persona defensora de derechos humanos que participe en una protesta transmitida por televisión o redes sociales podría enfrentar condenas de hasta 25 o incluso 45 años de prisión.

Como ejemplo, el documento menciona a familiares de personas desaparecidas, quienes al exigir públicamente respuestas a las autoridades podrían ser criminalizados. En México, estas familias buscan a más de 133 mil personas desaparecidas, muchas de ellas utilizando protestas y redes sociales como única vía para visibilizar sus casos.

Propuesta Cívica, que cuenta con más de 14 años de experiencia en la defensa de la libertad de expresión, señaló que otras organizaciones, como Artículo 19, también han alertado sobre el artículo 17, fracción V. Este apartado permite aumentar la pena de 5 a 15 años si la supuesta extorsión se realiza a través de cualquier medio de comunicación o plataforma digital, lo que podría tener un efecto inhibidor sobre la expresión pública.

Finalmente, la organización reconoció que es necesario contar con una ley para combatir la extorsión, uno de los delitos de alto impacto más persistentes del país. No obstante, hizo un llamado al Gobierno de México para revisar y ajustar la redacción de la ley, con el fin de que sea clara, precisa y no vulnere el ejercicio de la libertad de expresión, considerada un pilar esencial de toda democracia.