Nueva SCJN busca audiencias públicas con participación ciudadana

A pocos días de asumir sus funciones, los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México dieron a conocer un conjunto de medidas destinadas a transformar el funcionamiento del máximo tribunal del país

Entre las iniciativas más destacadas figura un acuerdo para regular la realización de audiencias públicas, con la particularidad de involucrar a la ciudadanía que posee un conocimiento directo sobre los temas que serán juzgados.

Esta apertura busca que expertos en áreas específicas, así como actores sociales, pueblos y comunidades, puedan expresar sus puntos de vista y argumentos, fortaleciendo así la transparencia y la participación social en el proceso judicial.

Los ministros también anunciaron la intención de modernizar el manejo de los asuntos que llegan a la Corte mediante un sistema automatizado y aleatorio para la asignación de casos.

Esta medida pretende agilizar los procesos y evitar acumulaciones, con la finalidad de garantizar que la justicia se administre de forma rápida y eficiente

Durante su cuarta reunión de trabajo, previa al inicio oficial de sus responsabilidades, los nueve ministros analizaron la elaboración de "Acuerdos Generales".

Estos documentos conformarán una estructura jurídica que facilitará una justicia más ágil y accesible para la población. Asimismo, comenzaron a definir los perfiles adecuados para integrar el Órgano de Administración Judicial, instancia clave para la gestión interna del tribunal.

Hugo Aguilar Ortiz, próximo ministro presidente y de origen indígena, explicó que la Constitución faculta a la Suprema Corte para emitir estos acuerdos, que también incluyen la posibilidad de distribuir casos a Tribunales Colegiados, Regionales o Juzgados de Distrito, según sea más conveniente para acelerar el despacho judicial.

La intención es construir una Corte que esté cerca de la gente, atendiendo especialmente a quienes viven en situaciones vulnerables

Este renovado grupo está conformado, además de Aguilar Ortiz, por Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, María Estela Ríos, Sara Irene Herrerías, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa y Aristídes Guerrero.

Su llegada responde a una reforma constitucional impulsada durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, que redujo el número de ministros de once a nueve y estableció un Tribunal de Disciplina Judicial para supervisar a todos los jueces del país, reforzando así la rendición de cuentas en el sistema judicial nacional.