Nueva suspensión migratoria de Trump enciende alertas por posible discriminación

En Estados Unidos, el anuncio más reciente de la administración Trump volvió a encender las alarmas de organizaciones de derechos humanos. Human Rights Watch (HRW) sostiene que el Gobierno ha pasado de endurecer controles a castigar nacionalidades enteras, al congelar asilo y trámites migratorios sin justificación clara

El giro empezó tras un ataque en Washington, D.C., ocurrido el 26 de noviembre de 2025. Un inmigrante afgano presuntamente mató a un integrante de la Guardia Nacional.

El hecho, aún en investigación, fue usado por el presidente para declarar que detendría "permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo", un mensaje cargado de acentos raciales y señalamientos específicos contra comunidades como la somalí.

La respuesta oficial no tardó: una suspensión masiva que congela todas las solicitudes de asilo -sin importar nacionalidad- y frena trámites como green cards y ciudadanía para personas de 19 países

Nacionalidades bajo castigo

La lista incluye a Afganistán, Eritrea, Yemen, Somalia, Venezuela, Cuba, Sudán y otros once países de África, Asia y Medio Oriente. De acuerdo con HRW, no existe un patrón que explique por qué fueron elegidos, salvo la oportunidad política de convertirlos en "amenazas".

Tanya Greene, directora del Programa sobre Estados Unidos de HRW, lo resume así: "No tiene que ver con seguridad, sino con convertir el lugar de nacimiento en un criterio para excluir".

Para la organización, las nuevas reglas reeditan -y amplían- la política aplicada en la primera presidencia de Trump: la llamada muslim ban, que restringía la entrada a países de mayoría musulmana. Ahora, advierten, la medida va más lejos al detener el sistema entero de protección humanitaria.

HRW subraya que el Gobierno no ha presentado evidencia de que solicitantes de estos países representen un riesgo mayor para la seguridad pública

Impacto inmediato: familias separadas y derechos vulnerados

La suspensión coloca en una situación crítica a miles de personas que esperan resolver su estatus migratorio o solicitar refugio. También contradice compromisos internacionales que obligan a Estados Unidos a garantizar el derecho a pedir asilo.

Para Greene, los daños no solo serán burocráticos: "Estas políticas separarán familias, pondrán en riesgo a quienes huyen de persecución y afectarán aún más la credibilidad estadounidense en derechos humanos".

El mensaje de HRW es directo: la administración debería revertir esta política antes de que deje consecuencias más profundas y difíciles de reparar