La Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusó formalmente a Rusia de cometer crímenes de lesa humanidad durante la guerra en Ucrania, señalando como una de las prácticas más graves el traslado forzado de población civil, incluidas mujeres y menores de edad, desde territorios ocupados hacia zonas controladas por Moscú.
De acuerdo con el más reciente informe de la Comisión de Investigación de la ONU sobre Ucrania, existen pruebas "claras y consistentes" de que las autoridades rusas implementaron un sistema de deportaciones masivas, en ocasiones bajo coacción, en violación directa al derecho internacional humanitario.
"Los traslados no fueron voluntarios ni aislados; responden a una política sistemática que buscó desarraigar comunidades enteras y quebrar la identidad nacional ucraniana", sostuvo Erik Møse, presidente de la comisión, al presentar las conclusiones ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Entre los hallazgos, el organismo documentó casos de familias separadas, menores enviados a centros de reeducación y civiles obligados a firmar documentos de "reasentamiento" bajo amenazas de represalias. También se denunciaron obstáculos para el retorno de las personas trasladadas, lo que la ONU calificó como una forma de "ingeniería demográfica" con fines políticos y militares.
El gobierno ucraniano celebró el pronunciamiento, asegurando que se trata de un paso clave hacia la rendición de cuentas internacional. "Cada niño arrebatado a su hogar y cada familia dividida representa una herida profunda que Rusia deberá responder ante la justicia", afirmó Dmytro Kuleba, ministro de Exteriores.
Por su parte, el Kremlin rechazó las acusaciones y calificó el informe como "parcial y politizado". Según Moscú, los traslados fueron "operaciones de evacuación humanitaria" destinadas a proteger a civiles de las hostilidades.
La denuncia de la ONU podría derivar en nuevas presiones legales y diplomáticas contra Rusia. Organismos internacionales y Estados miembros han insistido en que los responsables directos deben ser llevados ante la Corte Penal Internacional (CPI), que ya emitió en 2023 una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin por hechos similares relacionados con la deportación de menores.
Mientras la guerra en Ucrania se prolonga por más de tres años, el traslado forzado de civiles se suma a la lista de crímenes documentados que, según Naciones Unidas, muestran un patrón de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos.