ONU alerta por desapariciones forzadas y señala casos en Ecuador

Denuncias contra fuerzas de seguridad, menores desaparecidos y falta de coordinación institucional encendieron las alertas internacionales sobre la situación en Ecuador

El Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas publicó sus conclusiones tras revisar el cumplimiento de la Convención Internacional en países como Ecuador, Iraq, Malawi y Samoa.

En su informe, el organismo expone preocupaciones, avances y recomendaciones, con énfasis en la prevención y sanción de desapariciones forzadas.

Señalamientos en Ecuador

El Comité expresó "profunda alarma" por denuncias de al menos 51 desapariciones forzadas ocurridas entre 2024 y 2025, presuntamente cometidas por fuerzas de seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas.

Según el informe, las víctimas incluyen menores de edad y, en su mayoría, serían personas afroecuatorianas en provincias como Esmeraldas, Guayas y Los Ríos.

El organismo también advirtió sobre la creciente militarización de la seguridad pública y el uso constante de estados de excepción.

En este contexto, pidió a Ecuador limitar la participación militar, fortalecer las fuerzas civiles y garantizar que cualquier intervención de las Fuerzas Armadas sea excepcional, temporal y bajo control civil.

Además, instó a que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas colaboren plenamente en las investigaciones, permitiendo acceso sin restricciones a información clave, como registros de operativos

Menores desaparecidos y fallas institucionales

Otro de los puntos críticos es el aumento de desapariciones de menores.

El Comité señaló deficiencias en la coordinación entre instituciones y advirtió que mecanismos como la "Alerta Emilia" han sido poco utilizados en estos casos.

Por ello, recomendó reforzar las estrategias de búsqueda, detección temprana y prevención.

El informe forma parte de las evaluaciones periódicas que realiza el organismo para verificar el cumplimiento de la Convención Internacional.

Más allá de los avances, el diagnóstico deja una advertencia clara: sin cambios en las estrategias de seguridad y en la respuesta institucional, el riesgo de desapariciones forzadas persiste