ONU exige liberar a cinco indígenas presos en Chiapas
Cinco activistas indígenas, condenados a 25 años de prisión por homicidio en Chiapas, deben ser liberados e indemnizados, dictaminó el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU.
De acuerdo con este organismo internacional, la detención de Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Velasco en 2022 violó el derecho internacional.
Según el documento publicado recientemente, aunque la decisión fue adoptada el 4 de abril, la ONU considera que el proceso judicial de los activistas contraviene tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El grupo de expertos solicitó al Estado mexicano liberar de inmediato a los cinco y brindarles una indemnización, además de investigar a los responsables de la detención arbitraria.
Los cinco activistas fueron arrestados entre mayo y junio de 2022, acusados del homicidio de una persona que fue retenida por pobladores en el municipio de San Juan Cancuc. De acuerdo con los hechos, la víctima fue golpeada tras negarse o no poder pagar una "multa" impuesta por la comunidad para permitirle el acceso, lo que derivó en su muerte horas más tarde.
El 17 de mayo de 2023, los cinco hombres fueron sentenciados a 25 años de prisión. Al solicitarse una repetición del juicio, se confirmó la misma pena el 19 de abril de 2024. Sin embargo, el Grupo de Trabajo de la ONU identificó serias irregularidades, como la falta de presentación inmediata ante un juez y la desaparición forzada de algunos de los detenidos durante las primeras horas.
Los implicados son indígenas tseltales que han participado activamente en la defensa de los derechos humanos y el territorio en la región. Manuel Santiz Cruz, por ejemplo, encabezaba un comité local que se ha opuesto a la construcción de un tramo carretero entre San Cristóbal de las Casas y Palenque, así como a la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército en el municipio.
El grupo de expertos que analizó el caso está presidido por la ex jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Ganna Yudkivska, y cuenta con integrantes de Nueva Zelanda, Ecuador y Zambia. Aunque su resolución no es vinculante, se considera un pronunciamiento importante sobre posibles violaciones a los derechos humanos en México.
