Oposición en El Salvador pelea contra la "reelección eterna" de Bukele

El Movimiento de Izquierda Salvadoreña (MIZ) presentó este miércoles ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una demanda para declarar inconstitucional la reciente reforma que permite la reelección presidencial indefinida en El Salvador

Esta medida fue aprobada y ratificada a finales de julio por la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, sin que se realizara un debate previo ni un análisis profundo, lo que ha generado preocupación en diversos sectores sociales y políticos.

Walter Raudales, representante del MIZ, afirmó que esta acción busca poner a prueba la independencia del sistema judicial salvadoreño y exhortó a otros movimientos sociales a unirse en esfuerzos similares ante la Corte Suprema.

Para Raudales, la Constitución misma hace un llamado a los ciudadanos a protegerla frente a atentados como el que consideran esta reforma, y espera que los magistrados actúen con responsabilidad y profundidad en la revisión del caso.

Esta demanda se suma a otra presentada anteriormente por la diputada Claudia Ortiz, del partido opositor VAMOS, quien estuvo presente acompañando al MIZ durante la presentación

Ambas iniciativas responden a la reforma aprobada el 31 de julio, que modifica cinco artículos constitucionales cruciales (75, 80, 133, 152 y 154) y que abre el camino para que el presidente Nayib Bukele pueda aspirar a un tercer mandato consecutivo.

El propio Bukele defendió la reforma en su cuenta de X, argumentando que el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida. Sin embargo, sus declaraciones anteriores muestran una postura diferente: en enero y febrero de 2024, afirmó que no buscaba la reelección indefinida ni consideraba necesaria una reforma constitucional para permitirla, ya que la legislación vigente no contempla esa opción ni un mecanismo plebiscitario para modificarla.

Además de la oposición interna, más de veinte organizaciones internacionales, entre ellas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, WOLA y la fundación Robert F. Kennedy Human Rights, han alertado que la situación en El Salvador se inserta en un patrón regional de consolidación de regímenes autoritarios en Centroamérica.

A estas voces se suman agrupaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que han expresado su inquietud por lo que interpretan como un debilitamiento del sistema democrático en el país.

Este cercenamiento a la alternancia en el poder y la resistencia contra los contrapesos institucionales han puesto en alerta a numerosos sectores, quienes ven en la reforma un riesgo para la pluralidad política y la vigencia de los principios democráticos en El Salvador