En los últimos 12 años (2012-2024), la industria aseguradora en México ha tenido que pagar en promedio 7,591 millones de pesos al año por daños causados por fenómenos naturales como huracanes, fuertes lluvias, granizadas e inundaciones
Esto equivale a aproximadamente 25 millones de pesos cada día, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
Esta cifra representa un aumento del 91% en comparación con los 12 años anteriores (2001-2012), cuando los pagos anuales promediaban 4,761 millones de pesos.
Claramente, los riesgos hidrometeorológicos están causando daños cada vez más graves y costosos
Uno de los episodios que dejó una enseñanza importante fue el huracán Otis. En Acapulco, el 15% de los bienes afectados no tenían una protección adecuada contra riesgos hidrometeorológicos; solo estaban asegurados contra incendios y sismos.
Esto resalta la necesidad de contar con seguros que cubran todos los posibles daños, especialmente en una época donde los ciclones son cada vez más frecuentes.
Las viviendas son las más golpeadas: casi el 35% de los siniestros reportados están relacionados con casas y departamentos. Le siguen los hoteles (16.8%), oficinas (13.3%) y tiendas departamentales (9.6%).
Pero aquí viene el dato que nos debe hacer pensar: sólo 26.5% de las viviendas en México están aseguradas. De los más de 35 millones de hogares que reporta el INEGI, apenas 9.3 millones cuentan con un seguro
La distribución geográfica muestra disparidades grandes. Estados como Nuevo León, Colima y Quintana Roo lideran con más de la mitad de sus viviendas aseguradas, mientras que estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero tienen niveles por debajo del 15%.
Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS, destaca que este bajo nivel de aseguramiento es un desafío, pero también una oportunidad para crecer y fortalecer la protección financiera de las familias mexicanas.
En comparación, países de la OCDE como Alemania, España o Reino Unido tienen tasas de aseguramiento que superan el 70 u 80%.
El seguro no es sólo un gasto, sino una herramienta clave para recuperarse rápido ante un desastre natural y para construir comunidades más resilientes.
La pregunta queda en el aire: ¿Estamos listos para asumir este reto y proteger lo que con tanto esfuerzo hemos construido?