La ex primera ministra peruana Betssy Chávez permanece asilada en la Embajada de México en Lima, generando un conflicto diplomático entre ambos países
El Gobierno de Perú emitió órdenes de captura internacional y prisión preventiva por cinco meses, citando riesgo de fuga debido a la inasistencia de Chávez a controles judiciales y audiencias por su presunta participación en el fallido golpe del expresidente Pedro Castillo.
Este lunes,24 de noviembre, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Ernesto Álvarez, descartó cualquier intento de ingresar a la sede diplomática mexicana para detener a Chávez.
Álvarez, jurista y expresidente del Tribunal Constitucional, aseguró que la ley internacional protege el recinto diplomático, y que sustraer a una persona de la embajada sería "técnicamente imposible", sin importar la presión o la solicitud de la justicia peruana.

Por su parte, el presidente peruano José Jerí había señalado el domingo que, si fuera necesario, se ingresaría a la embajada para cumplir con la detención, asegurando que su postura reflejaba el sentir de la mayoría de los ciudadanos que rechazan el asilo político concedido a Chávez por México
Postura de México y precedentes internacionales
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, advirtió que cualquier ingreso forzado a la embajada sería una "violación grave" del derecho internacional y de la soberanía del país.
Sheinbaum recordó un incidente similar ocurrido en abril de 2024, cuando fuerzas ecuatorianas irrumpieron en la Embajada de México en Ecuador para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, lo que generó un conflicto diplomático.

México ha reiterado que apuesta por la vía diplomática para resolver el conflicto, subrayando que el diálogo es la mejor herramienta para prevenir escaladas y proteger la inmunidad de las sedes diplomáticas
Chávez se encuentra en la Embajada mexicana desde hace tres semanas.
El Gobierno de Perú mantiene la orden de captura y ha dejado pendiente la decisión sobre la entrega del salvoconducto que le permitiría salir del país de manera segura.

Mientras tanto, el caso sigue tensionando las relaciones bilaterales y poniendo a prueba los límites del asilo político en América Latina