La fiscal suprema de Perú, Zoraida Ávalos, solicitó a la Justicia ordenar la captura y prisión preventiva de Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo, quien desde el lunes permanece asilada en la Embajada de México en Lima.
Chávez enfrenta un proceso judicial junto al exmandatario por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de 2022.
De acuerdo con la solicitud de Ávalos, difundida este viernes por medios locales, la medida responde a que Chávez habría vulnerado las condiciones de libertad condicional que mantenía desde su excarcelación en septiembre. La ex funcionaria debía presentarse periódicamente ante las autoridades, acudir al control biométrico cada siete días y no ausentarse de Lima sin autorización judicial.
La fiscal argumentó que la prisión preventiva es necesaria, ya que "la comparecencia con restricciones no cumplió cabalmente su finalidad" y que esta medida resulta "útil y adecuada" para asegurar la continuidad del proceso penal, así como para evitar la obstaculización de la justicia.

Chávez fue liberada en septiembre de 2025 por orden del Tribunal Constitucional, que consideró su detención anterior como arbitraria, pues la Fiscalía no solicitó a tiempo la ampliación de su prisión provisional. Sin embargo, el Ministerio Público la acusa de haber participado activamente en la intentona golpista de Castillo y solicita una pena de 25 años de cárcel por el delito de rebelión.
La fiscal Ávalos subrayó que Chávez no cumplió con el control biométrico los días 29 de septiembre, 27 de octubre y 3 de noviembre, además de haber faltado a cuatro audiencias del proceso judicial, el cual se encuentra en su fase final, previo a la lectura de la sentencia.
El lunes, Chávez ingresó a la sede diplomática de México en Lima, donde solicitó asilo político. La Cancillería peruana confirmó que México le concedió la protección, lo que generó un nuevo conflicto diplomático entre ambos países. El gobierno de Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas, al considerar que la ex primera ministra no es una perseguida política, sino una procesada por delitos graves.
Mientras tanto, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso peruano analiza un informe final que propone inhabilitar a Chávez para ejercer cargos públicos en el futuro y formular una denuncia constitucional en su contra.
La decisión de la justicia sobre la prisión preventiva podría conocerse en los próximos días, en medio de la tensión política que vuelve a marcar las relaciones entre Lima y Ciudad de México.