El pasado 4 de julio se realizó la primera marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México, una protesta organizada por integrantes de comunidades y barrios originarios que exigieron frenar el desplazamiento forzado, el encarecimiento de la vivienda y la pérdida de su identidad cultural.
El movimiento también alzó la voz contra lo que consideran una complicidad entre el gobierno, fondos inmobiliarios y plataformas digitales.
Mario Quintero, miembro de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), señaló que el problema no solo es urbano, sino también rural, y responsabilizó a los fondos de inversión inmobiliarios, usureros de vivienda, plataformas digitales y autoridades que legislan en su beneficio.
Criticó además que el Gobierno de México ha descalificado estas protestas acusándolas de xenofobia, en lugar de atender las verdaderas causas del conflicto.
Durante el foro temático "Arraigo local: identidad, memoria, cultura y vida cotidiana", realizado en el Museo de la Ciudad de México, varios representantes de pueblos originarios tomaron la palabra para exponer las consecuencias de la gentrificación. Entre ellas, el encarecimiento de las rentas que ha provocado el desplazamiento de familias enteras y la pérdida de espacios tradicionales. Uno de los testimonios más duros fue el de una habitante de Iztacalco, quien lamentó que "al menos un 90%" de los departamentos nuevos no estén pensados para los vecinos históricos de la zona.
"Nosotros, los originarios, ya no tenemos dónde vivir", expresó un ciudadano del barrio de Tepito. En la misma línea, otra vecina criticó el olvido hacia las raíces culturales de la ciudad y pidió crear un modelo de desarrollo basado en la "comunalidad", una forma de organización social centrada en el respeto a la tierra y a los vínculos comunitarios.
Brígida Ricardo, de la comunidad Otomí, denunció que en zonas como la colonia Roma los precios ya no son accesibles para quienes viven del comercio popular. "También tenemos derecho a una vivienda digna para nuestros hijos", dijo la artesana, una de las muchas afectadas por el aumento de costos que ha traído el auge turístico y la renta de corto plazo.
La académica Susana Flores López destacó que el arraigo no solo implica vivir en un lugar, sino construir identidad colectiva desde la diversidad. "No somos ni migrantes ni residentes, somos triquis chilangos, purépechas chilangas, zapotecas chilangas", señaló, en respuesta a discursos que cuestionan la pertenencia de estas comunidades a la capital.
Por su parte, Aurelien Guilabe, del Huerto Roma Verde, explicó que el arraigo también se vive en las dinámicas sociales y en los vínculos entre quienes habitan un espacio. El evento contó con la presencia de la secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen, y de la titular de la SEPI, Nelly Juárez, quienes escucharon las demandas y propuestas de los asistentes.
El movimiento antigentrificación busca visibilizar las afectaciones reales que enfrentan los pueblos originarios de la capital y exige que su voz sea incluida en las políticas públicas, especialmente en instrumentos como el "Bando Uno", recientemente publicado por el gobierno capitalino.