¿Qué es la Ley de Insurrección que Trump podría activar ahora?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta invocar la Ley de Insurrección para contener protestas en el país, lo que permitiría desplegar al Ejército para actuar en episodios de desorden civil.

Esta normativa, conocida popularmente como Ley de Insurrección de 1807, en realidad es una combinación de estatutos aprobados entre 1792 y 1871, según el Centro Brennan para la Justicia, un instituto no partidista especializado en derecho.

La ley está considerada uno de los poderes de emergencia más contundentes, ya que permite suspender temporalmente la prohibición que establece la legislación Posse Comitatus, la cual impide al Ejército participar en tareas de policía civil. Esto significa que, bajo esta ley, las fuerzas armadas pueden auxiliar a autoridades locales en situaciones que superen su capacidad de respuesta.

El alcance de la Ley de Insurrección no está claramente definido. Algunas disposiciones, como la 251, requieren el consentimiento del Estado afectado, pero otras, la 252 y 253, permiten al presidente movilizar tropas incluso sin el permiso del estado o en contra de su voluntad. Esto otorga al mandatario un poder considerable para decidir cuándo y dónde enviar soldados federales.

Aunque no se debe confundir con la ley marcial, que permite al Ejército asumir el gobierno civil, la Ley de Insurrección autoriza que las fuerzas armadas colaboren con autoridades locales. El Centro Brennan recuerda que un presidente no tiene autoridad para invocar la ley marcial, solo esta ley de emergencia.

La última vez que se aplicó fue en 1992 durante el mandato de George H.W. Bush, cuando California solicitó apoyo militar tras los disturbios de Los Ángeles, luego de la absolución de cuatro policías acusados de golpear a un conductor afroamericano.

Antes, presidentes como Dwight Eisenhower y John F. Kennedy la utilizaron para facilitar la integración escolar después del fallo del caso Brown vs. Junta de Educación, que declaró inconstitucional la segregación racial en escuelas públicas.

Actualmente, Trump ha mencionado que podría invocar la ley si lo considera necesario, particularmente en Portland, Oregón, ciudad que calificó de estar "en llamas". Esto ha generado un enfrentamiento legal con el estado, después de que la jueza Karin Immergut prohibiera temporalmente el despliegue de tropas federales mientras se analiza la demanda que argumenta que la movilización militar es ilegal e innecesaria.

Aunque las fuerzas federales pueden actuar sin invocar la Ley de Insurrección, sus funciones están limitadas: solo pueden proteger edificios y tribunales, y no tienen facultades de policía civil, como realizar detenciones o dispersar protestas.

La ley sigue generando debate por la discrecionalidad casi ilimitada que otorga al presidente, mientras el Congreso mantiene la posibilidad de reformarla.