Una docena de congresistas demócratas de Estados Unidos, incluyendo líderes destacados del Caucus Hispano, presentaron una demanda contra el gobierno de Donald Trump ante un tribunal federal
El motivo de la acción legal es la negativa de la Administración para permitirles acceder a los centros de detención de migrantes, lo cual impide la supervisión directa sobre las condiciones en las que se encuentran las personas internadas.
Esta restricción ha provocado mucho rechazo, ya que los legisladores tienen, por ley, el derecho de visitar estos lugares sin previo aviso, con el fin de garantizar la transparencia y el respeto a los derechos humanos.
El presidente del Caucus Hispano, Adriano Espaillat, expresó que bloquear la supervisión legislativa no solo representa una violación constitucional, sino que pone en riesgo los pilares de la democracia.
También criticó duramente las acciones del gobierno, señalando que desde el inicio de la Administración Trump se ha evidenciado un patrón para deshumanizar a los inmigrantes, detener a miles, incluidos ciudadanos estadounidenses, y utilizar a las agencias federales con fines de deportación masiva, basada en medidas crueles y caóticas.
En sus palabras, esta política ha creado "las condiciones propicias para el abuso y la impunidad", limitando sistemáticamente las funciones de control parlamentario
Otro congresista demandante, Joe Neguse, calificó esta actitud del Ejecutivo como un desprecio flagrante hacia las leyes y el orden constitucional, que justifica una respuesta firme y contundente.
Esta denuncia se suma a las constantes críticas de organizaciones civiles, activistas y políticos que han alertado sobre las condiciones deplorables en que viven muchos migrantes en estos centros, con preocupante hacinamiento y abandono.
Uno de los centros que ha generado mayor polémica es el conocido como "Alligator Alcatraz", inaugurado el primero de julio en Florida y con capacidad para albergar a 3,000 personas.
Quienes lo han visitado, entre ellos legisladores demócratas, han denunciado que las áreas para dormir son comparables a jaulas, que los baños están en mal estado y que no existe un sistema para regular la temperatura, un problema grave en un estado marcado por el calor y la humedad intensos.
Este litigio surge en un momento en que la Agencia Federal para el Manejo de Desastres (FEMA) está gestionando la distribución de 608 millones de dólares en fondos para que los gobiernos estatales y locales puedan construir nuevos centros de detención o ampliar la capacidad de los existentes