Qué pasaría si: El precio del combustible se congelara por 5 años

Imagina despertar un día y descubrir que el litro de gasolina magna cuesta exactamente 23.41 pesos, sin importar la inflación, la demanda internacional o las fluctuaciones del mercado

Cada vez que llenas tu tanque, cada viaje al trabajo o la escuela, cada envío de productos, todo se mantiene igual durante cinco años.

Para millones de mexicanos, esto sonaría como un alivio inmediato, una estabilidad inesperada en un gasto cotidiano que ha ido en aumento.

Pero más allá de la sorpresa, conviene preguntarse, Qué pasaría si: Se congela el precio de la gasolina por 5 años

De gasolina a gasolinazo

México no es ajeno a los controles de precios en combustibles. Entre 1995 y 2005, la gasolina magna se mantuvo relativamente estable con ajustes graduales.

A partir de 2006 comenzaron incrementos más abruptos, que culminaron en el "gasolinazo" de 2017, cuando la liberalización de precios provocó protestas masivas.

En América Latina, otros países como Venezuela han mantenido precios fijos durante décadas, generando distorsiones económicas severas, desde contrabando hasta escasez de combustibles.

Actualmente, la gasolina magna cuesta 23.41 pesos, la premium 25.84 y el diésel 26.13 pesos. Con la inflación anual acumulada en torno al 4-5%, estos costos impactan directamente la movilidad, el transporte de mercancías y el precio de los alimentos, ya que alrededor del 60% de los costos logísticos dependen de combustibles

Impacto económico

Un precio fijo durante cinco años podría aliviar la inflación, especialmente en alimentos y bienes básicos, y permitir que las familias destinen más dinero a consumo, ahorro o educación.

Cada choque de precios en gasolina puede influir hasta 1-2 puntos porcentuales en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), por lo que un control prolongado estabilizaría el poder adquisitivo de millones de hogares.

Sin embargo, el impacto fiscal y en el sector energético sería complejo. PEMEX vería reducidos sus ingresos si no puede ajustar precios según el petróleo internacional, y el gobierno tendría que sostener subsidios masivos.

Casos históricos muestran que los controles prolongados generan déficits: los "apoyos" previos al gasolinazo de 2017 provocaron ajustes fiscales significativos, mientras que mantener precios bajos podría aumentar deuda pública y reducir fondos para educación o salud

Consecuencias sociales

Las familias más vulnerables podrían ver mejoras inmediatas en su economía diaria.

El transporte diario representa hasta 15-20% del presupuesto de los hogares de bajos ingresos, y un diésel estable beneficiaría particularmente al sector agropecuario en zonas rurales.

No obstante, la medida no sería equitativa: las clases media y alta, dueñas de autos privados, obtendrían mayor beneficio, mientras que quienes dependen de transporte público o no tienen vehículo verían ventajas mínimas.

En México, solo 40% de los hogares posee un auto, por lo que el subsidio implícito podría ampliar las brechas sociales

Movilidad y convivencia urbana

Con gasolina más barata y constante, es probable que aumente el uso de vehículos privados, generando más tráfico en ciudades como CDMX, donde los traslados ya promedian dos horas diarias.

Esto podría desincentivar el transporte público, que transporta al 70% de la población urbana, afectando su financiamiento y aumentando la contaminación.

A la larga, mayor congestión y emisiones contribuirían al estrés y problemas respiratorios, replicando patrones observados en metrópolis de América Latina con combustibles subsidiados

Riesgos y efectos no deseados

Un precio fijo distorsionaría el mercado, incentivando consumo excesivo y desincentivando inversiones en energías limpias como vehículos eléctricos o renovables.

La infraestructura vial, estaciones de servicio y cadenas logísticas podrían saturarse.

Además, mantener subsidios prolongados podría generar déficits fiscales significativos, como los observados en República Dominicana y en México en periodos anteriores

En conjunto, mantener la gasolina fija durante cinco años ofrecería un alivio inmediato para los hogares y cierta estabilidad en la inflación, pero los riesgos económicos y sociales podrían superar los beneficios: distorsión de mercados, aumento de la desigualdad, saturación de transporte urbano y presión fiscal.

La experiencia mexicana y casos internacionales muestran que los controles prolongados requieren planificación estratégica, subsidios bien focalizados y políticas de transición energética para ser sostenibles.

Este escenario nos recuerda que la estabilidad de precios por sí sola no garantiza prosperidad ni equidad: la economía, la política fiscal y la sostenibilidad ambiental deben trabajar de la mano