¿Qué pasó con los jueces que fueron cesados tras la reforma judicial?

A casi un año de la entrada en vigor de la reforma al Poder Judicial, cerca de 900 jueces y magistrados federales dejaron sus cargos; algunos aún esperan indemnizaciones y pensiones complementarias

La reforma al Poder Judicial no solo modificó la forma en que se eligen jueces y magistrados en México. También provocó la salida de cientos de integrantes de la carrera judicial, en un proceso que todavía mantiene pendientes laborales y jurídicos.

De acuerdo con organizaciones de juzgadores, cerca de 900 de los aproximadamente mil 700 jueces y magistrados federales que había antes de la reforma fueron cesados o dejaron sus cargos como consecuencia del nuevo esquema constitucional.

El proceso contrasta con las promesas hechas públicamente antes de la reforma.

En octubre de 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los trabajadores del Poder Judicial no resultarían perjudicados en sus salarios ni prestaciones.

"Ellos no van a salir perjudicados en nada, es mi palabra ligar y si hay un trabajador que va a recibir menos de su salario o se le van a quitar prestaciones, nosotros somos avales, yo soy la garantía" dijo el expresidente. 

Sin embargo, a casi un año de la implementación del nuevo modelo, juzgadores en retiro denuncian que existen pagos pendientes y que, en algunos casos, las indemnizaciones recibidas no fueron explicadas con claridad.

Jueces esperan indemnizaciones y pensiones

Entre los pendientes se encuentran cerca de un centenar de juzgadores que no habrían recibido sus indemnizaciones.

A ellos se suman otros aproximadamente 100 que permanecen a la espera del pago de la pensión complementaria contemplada en el artículo décimo transitorio de la reforma constitucional.

Este régimen establece pagos extraordinarios y pensiones para personas juzgadoras cuya separación del cargo derivó de la aplicación del nuevo marco jurídico.

El problema, sostienen los afectados, no termina con recibir o no recibir un pago.

Quienes ya fueron indemnizados cuestionan también la forma en que se calcularon los montos.

Julia García González, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, señala que los juzgadores no recibieron una explicación detallada sobre los conceptos utilizados para determinar sus pagos.

"No sabemos qué nos pagó, no dio una determinada cantidad, pero nunca nos explicaron cómo estaba... Hemos elevado diversas peticiones al Órgano de Administración Judicial, para que nos explique qué rubros tomó en cuenta para calcular nuestro salario integrado".

El argumento: no hay recursos suficientes

El Órgano de Administración Judicial, creado para sustituir al Consejo de la Judicatura Federal, ha enfrentado además el reclamo por la disponibilidad de recursos para cumplir con estas obligaciones.

Una de las explicaciones señaladas por juzgadoras y juzgadores es la falta de recursos derivada de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial.

Los recursos que se encontraban en esos fondos fueron transferidos a la Tesorería de la Federación.

María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, cuestiona el destino de esos recursos y sostiene que posteriormente se argumentó falta de dinero para atender las obligaciones.

"Estos fideicomisos, como recordaremos, se había ordenado que se extinguieran, pero Nafin se los entregó a la Secretaría de Hacienda y a la Tesorería de la Federación sin avisarle a nadie, solo dijo que ya no tenía dinero".

También reclaman reducción de remuneraciones

La controversia alcanza incluso a los juzgadores que permanecieron en funciones.

De acuerdo con representantes de la judicatura, sus remuneraciones fueron reducidas, lo que consideran contrario a las garantías laborales y a los compromisos planteados durante la discusión de la reforma.

Para los integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, el cumplimiento de las disposiciones constitucionales sigue pendiente.

Julia García González lo resume así:

"No fue una promesa, fue un mandato constitucional, entonces lo que nosotros estamos exigiendo es que se cumpla la Constitución".

Una reforma que mantiene frentes abiertos

La salida de cientos de jueces y magistrados también ha generado cuestionamientos sobre el procedimiento utilizado para su separación.

Los juzgadores inconformes sostienen que no existieron procesos de evaluación individual ni reglas suficientemente claras para determinar quién debía dejar el cargo, por lo que consideran que sus derechos laborales y constitucionales fueron vulnerados.

El conflicto, además, ha trascendido las fronteras nacionales.

El magistrado en retiro Froylán Muñoz Alvarado señaló que el Estado mexicano ha sido requerido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para responder sobre diversos aspectos relacionados con la reforma y con el proceso de elección de las nuevas personas juzgadoras.

De acuerdo con el magistrado, esto podría derivar en responsabilidades internacionales y, eventualmente, en medidas de reparación.

Así, a casi un año de la entrada en vigor del nuevo modelo judicial, la reforma que prometió transformar al Poder Judicial mantiene abiertos varios capítulos: cientos de juzgadores que dejaron sus cargos, indemnizaciones pendientes, pensiones complementarias sin pagar, cuestionamientos sobre el cálculo de prestaciones y una disputa sobre el respeto a los derechos laborales y constitucionales.

El nuevo Poder Judicial ya está en marcha, pero para los juzgadores que quedaron fuera, la historia todavía no termina.