Ratifican prisión a expresidenta argentina; ¿De qué se le acusa?
La Corte Suprema ratificó la condena a seis años de prisión contra Cristina Fernández, expresidenta de Argentina, por fraude. Docentes y jubilados marcharon en rechazo
Miles de personas marcharon este miércoles hacia la Casa Rosada en Buenos Aires tras la decisión de la Corte Suprema de Argentina que ratificó la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
La exmandataria fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos por delitos de administración fraudulenta durante su gobierno.
Una sentencia histórica: fraude y privilegios
Cristina Fernández fue condenada inicialmente en 2022 por irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz -provincia natal del kirchnerismo- a empresas de Lázaro Báez, empresario y amigo cercano del fallecido expresidente Néstor Kirchner.
El tribunal consideró probado que el 85 % de los contratos de obra vial fueron otorgados a Báez, quien luego estableció vínculos comerciales con empresas de la familia Kirchner.
El fallo afirmó que parte del dinero destinado por el Estado a dichas obras terminó en hoteles y negocios inmobiliarios relacionados con los Kirchner.
Esto llevó a los jueces a concluir que hubo una decisión presidencial consciente de favorecer intereses particulares sobre los del Estado argentino
La Corte Suprema, con tres votos unánimes, desestimó el último recurso de la defensa de Fernández, consolidando así la condena por administración fraudulenta.
No obstante, también ratificó su absolución por el cargo más grave de asociación ilícita, que podría haber elevado la pena hasta 12 años de prisión.
La ratificación de la sentencia desató una nueva ola de movilizaciones en la capital argentina. Aunque la protesta coincidió con la habitual marcha semanal de jubilados por mejoras en sus condiciones de vida, esta vez se sumaron docentes, profesionales de la salud y organizaciones políticas.
Los manifestantes denunciaron lo que consideran una "persecución judicial" contra la exmandataria y rechazaron la legitimidad de un fallo que, según ellos, tiene un trasfondo político
A pesar de la magnitud de la protesta, el gobierno actual no ha emitido declaraciones oficiales en apoyo o condena del fallo.
Aunque Fernández no enfrenta prisión inmediata, la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos representa un golpe simbólico y político.
Esto la aparta formalmente de cualquier posible candidatura en el corto plazo, aunque sectores del kirchnerismo ya hablan de "lawfare" (guerra judicial) y movilizan su base para responder en las urnas.
El fallo también marca un precedente en la justicia argentina, que ha sido señalada durante años por su lentitud y presuntas presiones políticas
En este caso, la Corte destacó que la sentencia se basó en pruebas abundantes y respetó todas las garantías constitucionales. Incluso apuntó errores en la estrategia legal de la defensa, como la falta de pruebas concretas para demostrar parcialidad judicial.
Fernández sigue siendo una figura central en la política argentina y, aunque ya no pueda ser candidata, su influencia en el panorama nacional permanece vigente.
