Una nueva redada migratoria sacudió este jueves a la ciudad de Tallahassee, capital de Florida, cuando más de 100 trabajadores migrantes fueron arrestados en una obra de construcción cercana a la Universidad Estatal de Florida
Los detenidos son originarios de México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras, y se encontraban laborando en el lugar cuando agentes federales y estatales irrumpieron en el sitio.
La operación, liderada por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Tampa, que forma parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), contó también con la participación de la Patrulla de Carreteras de Florida.
Según las autoridades, entre los arrestados hay personas que ya habían sido deportadas anteriormente y otras con antecedentes penales.
La acción fue parte de una estrategia estatal para reforzar la aplicación de las leyes migratorias, siguiendo directrices del gobernador Ron DeSantis, quien ha ordenado redadas para colaborar con la política migratoria del presidente Donald Trump
En redes sociales, activistas y organizaciones como la Coalición Inmigrante de Florida (FLIC) denunciaron la redada, compartiendo videos que muestran la sorpresa y angustia de los migrantes al ser abordados por los agentes.
Una de las imágenes más comentadas fue la de una mujer llorando al ver cómo se llevaban a su esposo, mientras los trabajadores eran obligados a formar una larga fila bajo la vigilancia de los oficiales.
Este operativo no es un hecho aislado. Apenas hace dos semanas, otra redada en la ciudad de The Villages terminó con la detención de más de dos docenas de migrantes indocumentados.
Además, el mes pasado, Florida fue escenario de un operativo que marcó un récord en la historia de ICE, con más de 1,100 arrestos en una sola semana
Las redadas han generado preocupación y temor en la comunidad inmigrante y entre quienes defienden los derechos de los trabajadores, pues muchos de los detenidos son personas que contribuyen diariamente a la economía local.
Mientras tanto, las autoridades estatales insisten en que estas acciones buscan hacer cumplir la ley y proteger la seguridad pública, aunque el debate sobre el impacto social y humano de estas medidas sigue creciendo en todo el estado