Reforma al amparo podría quitarte herramientas para defender tus derechos

Las recientes reformas publicadas el 13 de marzo de 2025 y los ajustes del 15 de septiembre de 2025 han generado alarma en COPARMEX, la Confederación Patronal de la República Mexicana

La organización advierte que algunas modificaciones debilitan gravemente el juicio de amparo, un pilar histórico del Estado de Derecho y de la protección ciudadana en México.

COPARMEX ha solicitado aparticipar en las mesas de trabajo que organiza el Senado para analizar estas reformas.

Representando a miles de empresas en todo el país, la confederación busca que se escuche su voz y que las modificaciones fortalezcan, en lugar de debilitar, el Estado de Derecho y las garantías que protegen a ciudadanos y generadores de empleo

Limitaciones al juicio de amparo y al interés legítimo

Entre los cambios más relevantes, se propone que solo quienes puedan demostrar una afectación directa puedan promover un amparo, eliminando la posibilidad de presentar casos de interés colectivo.

Esto convierte un mecanismo que protegía derechos colectivos en un recurso individual, aumentando la vulnerabilidad de ciudadanos y empresas.

Históricamente, el juicio de amparo, creado en el siglo XIX y consolidado en la Constitución de 1917, ha frenado abusos de poder y dado certeza jurídica para la inversión y la creación de empleos.

Limitarlo representa un retroceso frente a un instrumento que México implementó antes que países como Austria o Alemania, señalan las empresas

Riesgos de suspensión limitada y control fiscal

Las reformas también restringen la suspensión de actos de autoridad, el único recurso que evita daños irreparables mientras se resuelve un juicio. Esto expone a los ciudadanos a decisiones inmediatas sin control judicial y genera criterios contradictorios.

En el ámbito tributario, las modificaciones al Código Fiscal de la Federación endurecen plazos, amplían facultades de suspensión de certificados y permiten la ejecución inmediata de créditos fiscales, aumentando riesgos de cobros prematuros que podrían afectar operaciones, empleos y la economía nacional.

La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa incorpora evaluaciones de desempeño, métricas de ética y digitalización obligatoria que podrían presionar políticamente a los magistrados y limitar la participación de pequeñas empresas o personas sin recursos tecnológicos.

Además, elevar los requisitos para declarar inconstitucional una ley y dar facultades de priorización a la Consejería Jurídica del Ejecutivo amenaza la independencia judicial y la seguridad necesaria para atraer inversión, señalan

COPARMEX hace un llamado al Poder Legislativo a reconsiderar estas modificaciones y establecer un diálogo con sociedad civil, sector empresarial, academia y colegios de abogados.

Garantizar un juicio de amparo accesible y efectivo es clave para la justicia, la confianza en las instituciones y la estabilidad del país.