Reforma al poder judicial y la promesa de democratizar la justicia

A más de un año de su implementación, la elección popular de jueces, magistrados y ministros enfrenta cuestionamientos por la baja participación ciudadana, las denuncias de irregularidades, las tensiones administrativas y las dudas sobre la independencia judicial.

Los nuevos ajustes al modelo hacen evidente que la transformación todavía está en construcción.

La reforma al Poder Judicial se convirtió en una de las decisiones políticas e institucionales más controvertidas de los últimos años en México.

Presentada como una alternativa para democratizar la impartición de justicia, terminar con privilegios y combatir la corrupción, la iniciativa modificó radicalmente la manera en que se integran los tribunales del país.

Sin embargo, desde su discusión legislativa hasta su puesta en marcha, el proyecto provocó protestas, enfrentamientos políticos y advertencias de especialistas sobre sus posibles consecuencias para la autonomía de los órganos jurisdiccionales.

La reforma constitucional fue aprobada en septiembre de 2024, durante los últimos días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y estableció que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces fueran elegidos mediante voto popular.

El argumento del gobierno y de sus promotores fue que la elección ciudadana permitiría acercar la justicia a la población y terminar con un sistema que, aseguraban, había concentrado decisiones y privilegios en una estructura alejada de las necesidades sociales.

Pero sus detractores advirtieron que trasladar la competencia electoral al ámbito judicial podría comprometer la independencia de los juzgadores, abrir espacios a intereses políticos y económicos y debilitar los mecanismos de profesionalización basados en la carrera judicial.

Una elección histórica, pero con baja participación

El primer gran desafío llegó el 1 de junio de 2025, cuando México celebró su primera elección judicial nacional.

La jornada permitió elegir cientos de cargos federales, entre ellos los integrantes de la Suprema Corte, magistraturas y juzgados.

Sin embargo, el proceso estuvo marcado por una participación ciudadana de apenas entre 12.57 y 13.32 por ciento, de acuerdo con la estimación del Instituto Nacional Electoral (INE).

A la baja asistencia se sumaron las dificultades para identificar a los candidatos, la complejidad de las boletas y las denuncias por la distribución de los llamados acordeones, documentos que contenían listas con nombres y números de aspirantes para orientar el voto.

El propio INE informó que recibió 29 quejas relacionadas con estas guías de votación y dictó medidas cautelares para inhibir su distribución.

Para los críticos, estos episodios pusieron en duda las condiciones de equidad y libertad del proceso.

En contraste, sus promotores defendieron la legitimidad de la elección y destacaron que millones de mexicanos participaron en un ejercicio inédito.

La controversia no terminó con la renovación de los cargos judiciales.

La puesta en marcha del nuevo modelo también ha enfrentado dificultades administrativas, presupuestales y de coordinación institucional.

Uno de los principales cambios fue la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y la creación de dos nuevos órganos: el Órgano de Administración Judicial (OAJ), encargado de la gestión administrativa, y el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), responsable de vigilar y evaluar el desempeño de las personas juzgadoras.

A un año de su funcionamiento, el nuevo diseño enfrenta cuestionamientos por la distribución de recursos, los mecanismos de administración y las tensiones entre sus integrantes.

Un balance publicado por el diario español El País en septiembre de 2026 documentó disputas presupuestarias, problemas de coordinación y cuestionamientos sobre la transparencia del Órgano de Administración Judicial.

También señaló que el Tribunal de Disciplina Judicial enfrenta una importante carga de quejas y retos para atenderlas.

Especialistas y organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que los mecanismos de evaluación y disciplina deben contar con garantías suficientes para evitar decisiones discrecionales o posibles presiones sobre quienes imparten justicia.