Reforma histórica: México planea recuperar control total sobre su agua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles que enviará al Congreso una iniciativa para reformar la Ley General de Aguas y el artículo cuarto constitucional, con el objetivo de "ordenar el uso del agua en el país" y devolver este recurso estratégico a la nación.

"Este gran recurso natural indispensable para el desarrollo se recupera para la nación, se recupera el derecho al agua. Deja de ser una mercancía y la concesión se convierte en un instrumento de la nación", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa.

Sheinbaum recordó que, en 1992, bajo el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se modificó la legislación para permitir la transmisión de concesiones de agua entre privados, lo que generó, según la presidenta, "descontrol, falta de supervisión y uso excesivo sin rendición de cuentas".

La iniciativa plantea eliminar la posibilidad de vender o transferir títulos de concesión entre particulares. En caso de cambio de uso del suelo, como de agrícola a urbano, el título deberá regresar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que será la encargada de emitir uno nuevo basado en cálculos técnicos sobre el volumen requerido.

Asimismo, se incluyen esquemas más transparentes y simplificados para la gestión del recurso, así como sanciones más severas para quienes incurran en prácticas ilegales. La Conagua ha detectado más de 58 mil irregularidades en títulos vigentes, entre ellas coordenadas falsas y usos no autorizados.

La presidenta insistió en que el agua es un recurso cada vez más escaso, sobre todo en las regiones centro y norte del país, donde las sequías han afectado con fuerza en los últimos años. La propuesta busca equilibrar la demanda entre usos agrícolas, urbanos e industriales, siempre bajo el principio del derecho humano al agua establecido en la Constitución.

La iniciativa se elaboró tras 13 foros nacionales en los que participaron representantes de sectores industriales, agrícolas, municipios y gobiernos estatales, lo que, según Sheinbaum, garantiza "un amplio consenso social" en torno a la reforma.

De acuerdo con cifras oficiales, más de la mitad de los acuíferos del país presentan algún grado de sobreexplotación, lo que refuerza la urgencia del nuevo marco normativo.