A más de un año de la primera elección judicial en México, los resultados del nuevo modelo de justicia han abierto frentes dentro y fuera del país, sin mostrar avances reales contra la impunidad. Entre los impactos internacionales destaca la expulsión, por amplia mayoría de su representación, de la Unión Internacional de Magistrados, organismo que reúne a jueces de 94 países y defiende la independencia judicial desde 1953, luego de que Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, no lograra convencer al 80% de los integrantes que votaron por la sanción.
En el programa "Blanco y Negro", de Meganoticias, el periodista José Buendía cuestionó el rumbo de este proceso impulsado bajo el respaldo de la elección popular de juzgadores.
Experimentos, falta de diagnóstico y paro nacional
Julia García González, directora de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito (Jufed), señaló que desde la Judicatura Federal existe una profunda preocupación porque, lejos de la justicia pronta prometida, la reforma fue una ocurrencia ejecutada sin diagnóstico que hoy entrega balances totalmente desfavorables.
"Estamos hablando, nos prometieron una justicia más pronta, lejos de ello hay un buen, un muy buen número de asuntos aturados en los tribunales. Hay un rezago tremendo, y para muestra un botón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación", aseguró García González.
García González alertó sobre la carencia de perfiles capacitados dentro de los juzgados y los recientes conflictos derivados de los procesos de evaluación interna.
"No sólo hay rezago, sino además hay una clara falta de experiencia, de conocimientos técnicos, jurídicos indispensables para sacar adelante la justicia en este país. A partir de ello vemos que se ha estado desenvolviendo, ha ido entre comillas avanzando, y ahora mismo vemos otro bache enorme que acaba de ocurrir en los últimos días, a raíz de que de manera totalmente arbitraria el órgano de administración judicial intentó implementar una evaluación con un claro contenido y con una carga discrecional enorme, subjetiva, de modo que lejos, digamos, como de aminorar todos estos impactos negativos, volvió a exacerbar las cosas, la gente salió a paro, más de 17 estados", destacó la directora.
Añadió que la sobrecarga operativa y el abandono presupuestal complican el trabajo diario en los tribunales del país.
"Hay que decir es que si a esta gente le hubiera importado la justicia, lo notaríamos de otra forma, lo notaríamos con incrementos presupuestales, lo notaríamos con apertura de órganos, lo notaríamos con recursos materiales indispensables mínimos, en los tribunales no hay papel, no hay hojas, no hay tóner, no sirven las impresoras, no hay agua, o sea, no hay necesidades básicas y aun así el personal está sacando adelante el trabajo", subrayó.
Estratagema política y control institucional
Arturo Pueblita Fernández, presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana (CGAM), aseveró que el argumento de combatir la corrupción y el nepotismo funcionó como una estrategia de comunicación para construir una narrativa alternativa, ocultando que los fallos del sistema suelen originarse en las fiscalías y los Ministerios Públicos.
Pueblita, sostuvo que el trasfondo real responde a un mecanismo de cooptación ideológica en las cúpulas del Poder Judicial de la Federación.
"Uno, el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, poniendo personas completamente afines, con una sola ideología política, lo ha dicho el presidente Hugo Aguilar, a mí jamás me han hablado para darme línea, no, se escogieron a los perfiles porque sabían cómo iban a votar y los resultados... Por la afinidad ideológica y además por el bagaje y por los compromisos que tienen. Para cualquier juez, para cualquier abogado, llegar a ser ministro de la Suprema Corte de cualquier país siempre es un sueño, siempre es una meta que puede cumplirse", aseguró Pueblita.
El especialista enfatizó el deterioro en la dinámica del máximo tribunal y el rol punitivo de las nuevas instancias de supervisión.
"Y lo vemos ahora con la calidad de los debates, con los arrebatos que existen, como si estuviéramos en un mercado en donde se están peleando, arrebatando la palabra, en donde hay una serie de problemas, no solamente de la resolución de los asuntos, sino de la manera como se desarrolla el debate y de los temas más relevantes y más importantes del país. Pero eso atiende a que se buscaba un tema de control político en la Corte y, por el otro lado, un control del resto de las resoluciones del país a través del Tribunal de Disciplina, que se convierte en una Santa Inquisición, en un tribunal de la Santa Inquisición, que está dispuesto a quemar en leña verde a cualquier juez o magistrado en el país que se atreva a ir en contra de los intereses del gobierno", señaló el experto.
Reforma improvisada y sin diagnóstico estructural
En concordancia, la abogada internacionalista Malkah Nobigrot cuestionó la falta de sustento técnico y la improvisación de una modificación constitucional realizada sin evaluar de forma coordinada a las instituciones operadoras de justicia.
Nobigrot, afirmó que la ausencia de mediciones puntuales demuestra la falta de fundamentación real del proyecto y concluyó respaldando que el propósito central de la medida fue la cooptación del Poder Judicial por parte de Morena y sus aliados.
"Es una justificación de una reforma que no tiene fundamento en lo más mínimo en la realidad y que no tuvo ni siquiera el empate de tratar de ver puntualmente cuáles son los problemas que existían en el Poder Judicial. Entonces, en base a ello, ¿cómo podemos decir que puede tener éxito esta reforma si se está improvisando? Simplemente ni siquiera se pensó en si un sistema de elección de los jueces era la más adecuada. Coincido que el propósito era la cooptación del Poder Judicial por Morena y sus afines", aseguró la abogada.