Reforma para combatir la extorsión avanza en San Lázaro

La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó por unanimidad con 37 votos a favor la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

• Esta reforma busca facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General contra el delito de extorsión y establecer su persecución de oficio.

El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva y será uno de los primeros temas a discutirse en el pleno del último período ordinario de sesiones, que inicia el 1 de septiembre de 2025.

¿Qué busca la reforma?

Modificar el Artículo 73, fracción XXI de la Constitución, otorgándole al Congreso la facultad de legislar sobre el delito de extorsión en todo el país.

Establecer claramente que la extorsión será perseguida de oficio, es decir, independientemente de que la víctima presente una denuncia. 

Unificar los elementos del tipo penal, agravantes, sanciones, delitos relacionados, así como mecanismos de atención a víctimas, testigos y ofendidos, y reparación integral del daño. 

Se prevé que, tras su aprobación constitucional, el Congreso tendrá hasta 180 días para expedir la ley general correspondiente. 

¿Por qué es urgente la reforma?

La extorsión ha mostrado una tendencia creciente: en el primer trimestre de 2025 se registraron 5,887 víctimas, la cifra más alta registrada, con un incremento de hasta 83% en la última década en algunos reportes.

La vicepresidenta de San Lázaro, Dolores Padierna, enfatizó que la falta de homologación en los códigos penales estatales y federales (con rangos penales entre 1 y 30 años y multas muy variables) obstaculiza una persecución eficaz del delito. 

La reforma es vista como una prioridad política y legislativa para hacer frente a las nuevas modalidades de extorsión, incluyendo las digitales y telefónicas, así como el "cobro de piso". 

Oposición respalda la reforma

Rubén Moreira (coordinador del PRI) manifestó su respaldo a la reforma, aunque advirtió sobre la necesidad de definir claramente los transitorios y una ley secundaria bien estructurada, con participación de expertos, autoridades estatales y fiscales en su redacción.

Diputadas y diputados del PAN, Morena, PRD, PVEM y MC respaldaron la reforma, considerando que es una herramienta necesaria para fortalecer las instituciones encargadas de prevenir y sancionar este delito.