“Retroceso histórico”, aseguran especialistas sobre reforma a la Ley de Amparo

La reforma a la Ley de Amparo propuesta por el Ejecutivo federal  podría convertirse en un retroceso histórico para el acceso a la justicia en México, alertaron juristas y defensores de derechos humanos en la segunda audiencia pública realizada en el Senado.

La reforma ha generado fuertes cuestionamientos, especialistas aseguran que la iniciativa contiene avances en materia digital, pero advirtieron que varias de sus disposiciones implican riesgos para el acceso a la justicia y la defensa de derechos fundamentales.

La litigante Samantha Ayala García, de Ayala Arcipreste y Asociados, reconoció como positivo que se obligue a todas las autoridades a contar con usuario digital en el juicio de amparo, pero alertó sobre retrocesos graves en dos puntos: la ampliación de la demanda y el cumplimiento de sentencias.

Dijo que limitar la ampliación de la demanda solo a supuestos taxativos convierte esta figura en un mecanismo rígido y formalista, que obligará a iniciar nuevos juicios con mayores costos y retrasos.

"Lo que hoy es una herramienta de protección efectiva se convertirá en un candado procesal que privilegia la agilidad sobre el acceso a la justicia", advirtió. 

Respecto al cumplimiento de sentencias, cuestionó que las multas dejen de ser personales y se carguen al erario: "Esto elimina el incentivo individual para obedecer y transfiere el costo de la desobediencia a la ciudadanía".

Por otro lado, el exmagistrado Juan Pablo Gómez Fierro advirtió que la reforma restringe el interés legítimo, figura que desde 2011 permitió llevar a tribunales causas colectivas como las ambientales o de derechos reproductivos.

"Exigir un beneficio directo y actual reduce el ámbito de legitimación, afectando sobre todo a quienes menos recursos tienen para acudir a un amparo", indicó.

También expresó preocupación por la reforma en materia de suspensión: al exigir en todos los casos apariencia de buen derecho, se limita la posibilidad de medidas cautelares indispensables para proteger derechos humanos. "Sin suspensión, el amparo perdería eficacia protectora", mencionó.

El académico y exdiputado Jaime Cárdenas Gracia planteó que la iniciativa responde a un intento de "evitar abusos" del amparo, especialmente en materia fiscal y financiera.

Ejemplificó con casos donde contribuyentes con créditos fiscales firmes siguen litigando contra el SAT o cuando grupos criminales y empresas fachada utilizan suspensiones provisionales para desbloquear cuentas y operaciones sospechosas.

"El interés legítimo debe preservarse, pero no confundirse con un interés simple. Quien quiera cambiar políticas públicas que lo haga en la arena política, no vía amparo".

Desde el Centro Prodh, Ivette Galván García alertó que la reforma es regresiva al acotar el interés legítimo a una "lesión jurídica real, actual y diferenciada".

Recordó casos emblemáticos en los que esta figura fue clave, como el amparo que obligó a crear el Banco Nacional de Datos Forenses tras la desaparición de Marco Antonio Montoya en Guanajuato. "Con la visión restrictiva de esta iniciativa, ese amparo podría haber sido desechado", afirmó.

"La reforma no abre caminos, los cierra. Puede significar la pérdida de al menos 10 años de avances en derechos humanos", agregó.

Mientras que el académico Rogelio Zacarías Rodríguez reconoció que el interés legítimo no es eliminado y pidió matizar la exigencia de beneficio "cierto y directo", pues la jurisprudencia ya contempla afectaciones indirectas.

Celebró además la incorporación del artículo 166, que reconoce la procedencia del amparo contra la prisión preventiva oficiosa. "Es una base fundamental para armonizar con criterios jurisprudenciales y garantizar control judicial sobre medidas cautelares tan graves".

Otros especialistas valoraron los ajustes al amparo digital y a la revisión adhesiva, la mayoría advirtió que los cambios en interés legítimo, suspensión y ampliación de la demanda significan un retroceso en la protección de derechos humanos.

De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del senado, el morenista Adán Augusto López Hernández, la iniciativa de reforma será discutida y votada esta misma semana.