Revelan red de corrupción vinculada a contratos millonarios en el INE

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó una investigación elaborada con fuentes abiertas sobre una presunta red de corrupción y simulación de competencia en contrataciones públicas dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).

De acuerdo con las autoridades, la estructura está encabezada por los hermanos Hernández Casillas, quienes habrían comenzado sus actividades operativas desde hace 27 años. La mandataria destacó que las irregularidades en el organismo electoral no son recientes, sino que responden a un esquema con décadas de operación.

De la administración pública a la red de contrataciones

La investigación detalla que la trayectoria de los hermanos Hernández Casillas inició en 1983 dentro de la Secretaría de Gobernación, bajo el cobijo de Juan Carlos Padilla, entonces director general del Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo) Posteriormente, en 1989, se incorporaron al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), sumando a José Alfredo Hernández Casillas como secretario particular.

Entre 2012 y 2014, los señalados constituyeron una serie de empresas que posteriormente se vieron beneficiadas con asignaciones públicas marcadas por múltiples omisiones administrativas y falta de supervisión en los procesos de licitación.

Buenrostro explicó que el esquema alcanzó su mayor alcance a partir de la reforma electoral de 2014, cuando el Consejo General del INE asumió la facultad exclusiva de designar a las autoridades de los 32 OPLES del país.

A partir de dicha reforma, 23 de los 32 organismos estatales otorgaron contratos a la red de empresas ligadas a los hermanos Hernández Casillas por un monto superior a los 2 mil millones de pesos entre 2014 y 2023. La secretaria subrayó que esta dinámica de adjudicaciones millonarias se mantuvo vigente en años posteriores a través de al menos seis empresas principales.

Modus Operandi de la red

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno identificó los principales mecanismos utilizados para desviar recursos públicos y simular competencia legal:

• Simulación de competencia: Empleo de una red de empresas fachada para competir entre sí en licitaciones públicas.
• Vínculos internos: Conexión directa entre proveedores privados y servidores públicos encargados de la adjudicación.
• Falta de capacidad operativa: Asignación de contratos a empresas sin infraestructura, insumos ni personal registrado en nómina.
• Uso de prestarnombres: Reclutamiento de personas en situación de vulnerabilidad para ocultar a los beneficiarios finales.
• Irregularidades financieras: Operaciones asociadas al lavado de dinero y la emisión de comprobantes fiscales a través de empresas factureras.