Robo de cables pone en riesgo los servicios básicos en BCS

En los últimos años, el robo de cableado eléctrico se ha convertido en un delito constante en Baja California Sur, afectando tanto a la ciudadanía como a instituciones públicas que dependen de este servicio para su funcionamiento diario.

Vecinos y usuarios afectados expresan su frustración, pues aseguran que, tras ser víctimas de este delito, muchas veces no saben a dónde acudir o simplemente las denuncias no proceden. Esta situación ha generado un sentimiento de impotencia ante la falta de resultados y de acciones efectivas por parte de las autoridades.

A esta problemática se suman las escuelas, que dependen del suministro eléctrico para operar correctamente. Los planteles educativos se han convertido en blanco frecuente de los delincuentes, generando interrupciones en el servicio de energía que afectan directamente las clases y el aprendizaje de los alumnos.

El director general del Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física Educativa (ISIFE), Pablo Cota Núñez, explicó que estas acciones impactan de manera directa la prestación del servicio educativo. "Lo que directamente pega es a la prestación del servicio educativo. La finalidad es tener las escuelas activas y que se esté prestando el servicio educativo de la mejor forma y con todas las condiciones adecuadas para los alumnos", expresó.

Fue en 2020 cuando el Congreso del Estado de Baja California Sur tipificó el delito de robo de cableado eléctrico. La reforma establece que el robo simple de este material se castiga con una pena de seis meses a tres años de prisión y hasta 100 días de multa, siempre que el valor de lo robado no exceda 80 veces el salario mínimo. En caso contrario, la pena puede alcanzar hasta seis años de prisión y 300 días de multa.

Investigaciones recientes indican que detrás de estos robos operan grupos organizados que comercializan el material en mercados de reciclaje de metales, generando ganancias millonarias.

El gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, reconoció la gravedad del problema y señaló que, en muchos casos, estos delitos están relacionados con el consumo de drogas. "Desgraciadamente, hay un problema de consumo. Se roba no solo por delinquir, sino por cualquier cosa. No miden el daño que causan en una escuela con el robo de cable. Estamos investigando a dónde y quién lo está comprando", afirmó.

El precio del cobre, principal componente del cableado, alcanzó su máximo en octubre de 2025 con un valor promedio de $151.98 pesos por kilogramo, lo que representa un incremento del 21.3% en el año, según datos de *Metaloop*. Este aumento ha elevado los costos de reposición y reparación de la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones.

Autoridades educativas aseguran que el impacto económico de estos robos termina recayendo sobre la sociedad y las arcas públicas. Por ello, se han implementado protocolos de seguridad más estrictos y se busca fortalecer la colaboración con la ciudadanía que habita cerca de los planteles escolares, para proteger las instalaciones y reportar cualquier movimiento sospechoso que ponga en riesgo los servicios básicos de las escuelas.