Semarnat usa reunión exprés como propaganda, acusa Greenpeace México
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Semarnat usa reunión exprés como propaganda, acusa Greenpeace México


México dio un paso inesperadamente rápido hacia una nueva regulación ambiental



La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley General de Economía Circular y la envió al Senado, presentándola como una apuesta moderna para transformar la gestión de residuos. Sin embargo, organizaciones ambientales y sociales advierten que, bajo el discurso verde, la norma abre puertas peligrosas para la salud pública, el medioambiente y la gobernanza.


La aprobación se concretó en menos de dos semanas, un ritmo que sorprendió incluso dentro del propio poder legislativo. Aunque todas las bancadas apoyaron el dictamen, el proceso dejó fuera a sectores clave.


Colectivos ciudadanos, investigadores independientes y comunidades afectadas denunciaron que la construcción de la ley se realizó principalmente entre autoridades e industria, ignorando principios básicos del Acuerdo de Escazú, que exige transparencia y participación ciudadana en decisiones ambientales.



En la víspera de la discusión, manifestantes se plantaron frente a San Lázaro para exigir una consulta amplia. No fue escuchada


Termovalorización: el punto más polémico

Entre los elementos más cuestionados está la inclusión de la termovalorización, es decir, la quema de residuos para generar energía.


Especialistas recuerdan que esta práctica libera contaminantes altamente dañinos para la salud, y la ley -pese a su pretensión de modernidad- no establece mecanismos de supervisión estrictos ni salvaguardas sanitarias.


Las organizaciones también alertan que la norma crea distintivos, incentivos fiscales y registros para las empresas sin obligarlas a cambios estructurales como el ecodiseño, la durabilidad de los productos o la reducción de la producción de desechos.



La Responsabilidad Extendida del Productor (REP), pieza clave en cualquier política moderna de residuos, queda sujeta a acuerdos flexibles con la propia industria, que incluso podrá auditarse a sí misma. Para Greenpeace, esto abre la puerta al greenwashing


"Es un golpe al medioambiente"

Viridiana Lázaro, campañista de Greenpeace México, lamentó que el Congreso aprobara la ley sin atender las advertencias ciudadanas: "La Cámara de Diputados ignoró a la ciudadanía y aprobó la ley de manera expedita y discrecional, levantando profundas preocupaciones sobre los riesgos que conlleva".


La crítica llega en un país que genera más de 115 mil toneladas de residuos al día y donde casi el 90% de los sitios de disposición final operan como tiraderos a cielo abierto.


Para las organizaciones, el desafío exige medidas firmes: rediseñar productos para que sean reutilizables, duraderos y de calidad, no introducir mecanismos que perpetúen el modelo actual.


Greenpeace y otros colectivos sostienen que esta ley está lejos de responder a la magnitud de la crisis ambiental y sanitaria que enfrenta México. Más que una transformación, dicen, se trata de una simulación con etiqueta verde.



El Senado tendrá ahora la última palabra, pero para quienes defienden una economía circular auténtica, el riesgo es que esta nueva legislación termine consolidando el problema que dice querer resolver


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