Tras cumplir con la reposición del procedimiento judicial ordenada en agosto de 2003, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia de 50 años de prisión en contra de Daniel "N", alias "El Mochaorejas", líder de una organización criminal dedicada al secuestro desde al menos 1998.
La condena dictada por la autoridad judicial comprende su responsabilidad penal en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y se le impuso una multa equivalente a 916 mil 312.50 pesos.
Sentencias condenatorias a Daniel "V" y Dulce "N"
En el mismo proceso, la autoridad judicial dictó una sentencia condenatoria de 22 años de prisión y una multa superior a los cuatro millones de pesos en contra de Daniel "V", por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por los mismos ilícitos, se impuso una pena de 16 años de prisión y una multa de más de 280 mil pesos a Dulce "N". En el caso de ambos coacusados, las sentencias fueron declaradas; sin embargo, continuarán presos debido a que se encuentran sujetos a otros procesos penales.
De acuerdo con las indagatorias de la FGR, los sentenciados formaban parte desde 1998 de una red delictiva enfocada en la comisión de secuestros, operando principalmente en el Estado de México y en el entonces Distrito Federal.
En junio de 1998, el Ministerio Público de la Federación ejercitó acción penal contra los implicados, lo que derivó en órdenes de aprehensión. Daniel "N" fue capturado el 30 de junio de ese año y recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur. Posteriormente, el 21 de agosto de 1998, fueron detenidos Daniel "V" y Dulce "N", quienes ingresaron al Centro Federal de Readaptación Social número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Aunque el 21 de agosto de 2003, se dictó una primera sentencia condenatoria en su contra, la defensa promovió juicios de amparo que otorgaron la protección de la justicia federal, ordenando la reposición del procedimiento que concluyó con las nuevas resoluciones notificadas por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).