El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó este, lunes 23 de junio, al Gobierno del presidente Donald Trump a retomar la expulsión de inmigrantes hacia terceros países, incluyendo naciones como Sudán del Sur y El Salvador
Esta resolución representa un triunfo para la Casa Blanca y su política de deportaciones masivas, que ha generado controversia y enfrentamientos legales en los últimos meses.
La decisión del máximo tribunal suspende la orden previa de un juez federal que había detenido la deportación de ocho inmigrantes, entre ellos dos cubanos y un mexicano, hacia Sudán del Sur.
Este juez, Brian Murphy, de Massachusetts, había argumentado que la Administración Trump estaba violando una orden judicial al enviar a estas personas a un país donde podrían enfrentar torturas, sin brindarles la oportunidad de una defensa legal adecuada.
Con la votación de 6 contra 3, donde solo las juezas progresistas se opusieron, el Supremo permitió que el Gobierno continúe con las expulsiones
Tras el fallo, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, afirmó que el Ejecutivo ahora puede ejercer plenamente su autoridad para deportar a inmigrantes indocumentados a países que acepten recibirlos.
En tono enérgico, la funcionaria expresó: "¡Que se pongan en marcha los aviones de deportación!", celebrando la decisión judicial.
El caso de estos ocho inmigrantes ha sido especialmente delicado. Por orden del juez Murphy, ellos y once agentes migratorios permanecían en una base aérea en Yibuti, una ubicación considerada peligrosa debido a la proximidad con Yemen, país en conflicto, además de las condiciones insalubres que ponían en riesgo la salud de los detenidos.
Según el Gobierno, estos migrantes cometieron delitos graves y sus países de origen se negaron a recibirlos, lo que justificaba la deportación hacia terceros países dispuestos a aceptarlos.
Entre los deportados, solo uno es originario de Sudán del Sur; los demás provienen de Cuba, México, Laos, Birmania y Vietnam
La legislación estadounidense prohíbe que se expulse a personas a lugares donde puedan ser sometidas a torturas o enfrentar peligros extremos, una norma que ha sido el centro del debate en este caso.
Por su parte, el Departamento de Estado considera a Sudán del Sur un país inseguro debido a su conflicto armado interno, desaconseja a los ciudadanos estadounidenses viajar allí y retiró a su personal no esencial en mayo pasado.
Este episodio es uno de los últimos enfrentamientos entre el Gobierno republicano y el sistema judicial, en medio de la intensificación de las medidas migratorias impulsadas por Trump para cumplir su promesa de realizar "deportaciones masivas".
Para facilitar estas expulsiones, la Administración ha buscado acuerdos con otros países que acepten recibir a los migrantes expulsados
Un ejemplo claro es el pacto con El Salvador, donde se ha enviado a más de 200 personas a una gran prisión, muchas de las cuales permanecen sin contacto con sus familiares ni con abogados.
El acuerdo, firmado entre Trump y el presidente salvadoreño Nayib Bukele, establece que El Salvador recibirá a estos migrantes por un periodo inicial de un año a cambio de un pago de seis millones de dólares. Sin embargo, los detalles de este convenio no han sido divulgados públicamente, lo que ha generado inquietud entre defensores de derechos humanos y organizaciones internacionales.