Suprema Corte de México debilita derecho a consulta de personas con discapacidad
CDMX
Fecha: 02-10-2025
El 25 de septiembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptó una decisión que, según Human Rights Watch, pone en riesgo la participación activa de las personas con discapacidad en la creación de leyes que afectan sus derechos
La medida cambia la forma en que se garantiza la consulta previa, considerada hasta ahora un mecanismo clave para proteger la dignidad y autonomía de este grupo poblacional.
Durante casi una década, la Corte mantenía un precedente importante: cualquier ley aprobada sin consultar previamente a las personas con discapacidad podía ser invalidada. Esto aseguraba que la legislación no avanzara sin escuchar directamente a quienes más afectaba.
Sin embargo, la nueva doctrina coloca la responsabilidad de solicitar la consulta en las partes interesadas, y permite que las leyes se mantengan incluso si no hubo consulta, siempre que se considere que favorecen a las personas con discapacidad.
Carlos Ríos Espinosa, director asociado de derechos de las personas con discapacidad en Human Rights Watch, señaló: "La consulta no es una formalidad burocrática, sino un derecho consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y una salvaguarda de la participación democrática"
Riesgos de omitir la consulta
La falta de consulta tiene consecuencias claras. En octubre de 2020, la Suprema Corte invalidó una ley en Chihuahua que permitía la adopción de personas adultas con discapacidad por adultos mayores.
Aunque la norma buscaba ampliar la cobertura de seguridad social, trataba a las personas adultas con discapacidad de manera paternalista, vulnerando su autonomía.
Casos similares ocurrieron en Nuevo León y Ciudad de México, donde la Corte también anuló leyes por omitir la consulta previa. En el caso capitalino, además, se perdió la oportunidad de establecer estándares sustantivos sobre educación inclusiva, denunció la organización
Nuevo enfoque y sus implicaciones
La nueva Corte, en funciones desde septiembre, aplicó este cambio en un caso presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la Ley No. 817 para las Personas con Discapacidad del estado de Guerrero.
El 22 de septiembre, anunció que la consulta se analizará solo si lo solicita el impugnante, sin invalidar automáticamente normas que podrían favorecer la inclusión y bienestar de las personas con discapacidad.
Aunque la intención es evitar formalismos excesivos, Human Rights Watch advierte que esta decisión podría dejar la consulta al azar. Legisladores con buenas intenciones podrían aprobar leyes sin escuchar directamente a las personas afectadas, reforzando prácticas paternalistas.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por México, establece que las personas con discapacidad tienen derecho a participar directamente en decisiones que impactan sus vidas. Mantener la consulta es fundamental para evitar leyes que infantilicen o excluyan a este grupo poblacional
