El Tribunal Supremo de Estados Unidos avaló este viernes que el Gobierno de Donald Trump pueda eliminar el "parole humanitario", una protección temporal que permitía a 532 mil migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití vivir y trabajar de forma legal en el país.
Esta medida había sido implementada por la anterior Administración de Joe Biden para regular el ingreso de personas de estas naciones.
Con siete votos a favor y dos en contra, los magistrados respaldaron la solicitud de emergencia del Departamento de Seguridad Nacional, lo que deja sin efecto un fallo anterior de una jueza federal de Massachusetts. Esa jueza había considerado que no se podía cancelar el programa sin antes revisar caso por caso la situación de cada migrante.
Las únicas dos juezas que votaron en contra fueron las liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson. Esta última escribió que el fallo del tribunal fue "una chapuza" y acusó a sus colegas de subestimar el impacto que esta decisión tendrá en la vida de miles de personas. Afirmó que no se exigieron pruebas suficientes al Gobierno sobre los daños irreparables que causaría esta acción.
Brown Jackson advirtió que los migrantes ahora se enfrentan a dos opciones difíciles: regresar a sus países de origen, donde podrían estar en peligro, o quedarse en Estados Unidos sin permiso legal y arriesgarse a ser deportados en cualquier momento. "Ambas opciones son insostenibles", afirmó.
Este es el segundo revés legal para los migrantes en lo que va del año. Hace apenas 10 días, el mismo tribunal autorizó al presidente Trump a eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para alrededor de 350 mil venezolanos, otra medida que protegía a personas en situación vulnerable.
La eliminación del "parole humanitario" es parte del plan migratorio con el que Donald Trump regresó a la presidencia en enero de 2025. Desde su campaña había prometido una política mucho más estricta, incluyendo la expulsión de millones de inmigrantes que se encuentran en situación irregular en el país.
El programa había sido ampliado en enero de 2023 por el expresidente Joe Biden, como parte de un intento por controlar las llegadas masivas a la frontera sur, principalmente de venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. Ahora, con el nuevo fallo, cientos de miles de personas podrían perder su derecho a permanecer en territorio estadounidense.