Sólo el 8 por ciento de los capitalinos se puede comprar casa

El derecho a una vivienda adecuada en la capital del país enfrenta una marcada brecha entre la demanda social y la capacidad adquisitiva de sus habitantes. Aunque el marco legal local garantiza el acceso a un hogar digno y asequible, las cifras oficiales revelan que prácticamente la mitad de los capitalinos carece de patrimonio propio y enfrenta serios obstáculos financieros para adquirirlo.

Según los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Ciudad de México existen 3,022,557 viviendas particulares habitadas, de ese universo, solo el 50.8% (1,535,459 unidades) son propiedad de sus habitantes.

El resto del parque habitacional refleja la dificultad para acceder a la propiedad privada: el 26.9% de los hogares (813,068 unidades) son rentados ?una tendencia que se dispara en demarcaciones céntricas como Benito Juárez, donde el alquiler alcanza el 43.7%, y Cuauhtémoc? asimismo, un 18.3% (553,128 viviendas) son inmuebles prestados o cedidos por familiares, lo que evidencia la dependencia de redes de apoyo ante la imposibilidad de independizarse, mientras que el 4.0% restante (120,902 unidades) se encuentra en otras situaciones, como predios intestados o posesión irregular.

Una brecha salarial que excluye al 92%

Más allá de quienes ya cuentan con un patrimonio adquirido en décadas pasadas o heredado, el panorama para las nuevas generaciones y los compradores actuales resulta crítico, estimaciones basadas en los niveles salariales de la capital indican que apenas el 8% de la población cuenta con los ingresos suficientes para costear la oferta inmobiliaria comercial en venta.

De este modo, el 92% de los capitalinos queda excluido de adquirir una vivienda nueva o usada bajo las condiciones del mercado privado tradicional, debido al elevado costo por metro cuadrado en la metrópoli.

Las alternativas institucionales ante la crisis

Para contrarrestar el déficit y la falta de asequibilidad, la Ley de Vivienda para la Ciudad de México establece mecanismos de apoyo público dirigidos a sectores de bajos recursos, trabajadores formales y grupos vulnerables.

Por un lado, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) opera el Programa de Vivienda en Conjunto, el cual otorga financiamientos con cero intereses y ayudas de beneficio social. Este esquema está diseñado para habitantes mayores de edad sin propiedades en la capital cuyos ingresos no superen las 5 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (VSMD) de forma individual, o hasta 8 veces en esquemas familiares. A ello se suma el Programa de Mejoramiento de Vivienda, enfocado en ampliar o rehabilitar hogares ya existentes.

De manera paralela, organismos federales como el Infonavit, el Fovissste y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), en coordinación con la Secretaría de Vivienda local, impulsan el esquema Vivienda para el Bienestar, esta estrategia prioriza a trabajadores que perciben entre uno y dos salarios mínimos, combinando créditos accesibles, regularización de predios mediante el Insus y la adquisición de reserva territorial para desarrollar vivienda de interés social dentro de la mancha urbana.