Texas ordena a sus universidades públicas identificar a estudiantes indocumentados

Texas, a través de Wynn Rosser (comisionado de la Junta Coordinadora de Educación Superior del estado), ordenó a todas las universidades y escuelas públicas identificar a los estudiantes indocumentados que hasta ahora pagaban matrícula como residentes del estado. Esto responde a una orden judicial emitida a principios de junio de 2025, que declaró inconstitucional la Texas Dream Act (la ley aprobada en 2001 que permitía a ciertos estudiantes indocumentados pagar tarifas de residente).

 ¿A quiénes afecta y cómo?

• Estudiantes impactados: Se estima que entre 57,000 y 73,000 estudiantes indocumentados en instituciones públicas de Texas están en esta situación.
• Los afectados serán reclasificados como no residentes y empezarán a pagar tarifas de matrícula como estudiantes foráneos a partir del semestre de otoño de 2025.
• Aumentos de matrícula: Para dar un ejemplo, en la University of Houston la matrícula pasaría de aproximadamente $11,900 a $27,900, y en la UT Austin de $13,500 a unos $48,700 anuales para estudiantes fuera del estado.

 ¿Cómo saben quién es indocumentado?

• Las instituciones no suelen preguntar sobre estatus migratorio, y las solicitudes de admisión no exigen pruebas de ciudadanía o visa.
• Falta de claridad: No hay un proceso definido. Las universidades deberán diseñar sus propios mecanismos para determinar quién es "no legalmente presente"
• Preocupaciones legales: Expertos advierten sobre cómo proteger la privacidad de los estudiantes y garantizar derecho a audiencia antes de modificarse su situación

 Antecedentes y reacciones

• El 4 de junio de 2025, el juez Reed O?Connor falló que la Texas Dream Act violaba la Constitución, al favorecer a indocumentados frente a ciudadanos de fuera del estado.
• Impulso federal: La acción fue impulsada por una demanda conjunta del Departamento de Justicia de EE.UU. (administración Trump) y el fiscal general de Texas, Ken Paxton.
• Críticas y frentes legales: Grupos como MALDEF y Austin Community College están demandando para reintegrar la norma y consideran la medida precipitada y perjudicial.