Tipifican “pinchazos” en transporte público como delito
"Se impondrá una pena de dos a cinco años de prisión y de cincuenta a trescientos días de multa, a quien, sin el consentimiento de una persona, le administre, introduzca, suministre o aplique cualquier sustancia, de manera subrepticia o mediante engaño", conforme al artículo 141 Quáter.
El Congreso capitalino aprobó con 58 votos a favor y cero en contra el dictamen a dos iniciativas para adicionar el Código Penal local en materia de administración subrepticia de sustancias, y para adicionar el capítulo II Bis al título tercero del libro segundo, en materia de sumisión química por pinchazo, propuestas por la jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina, y la diputada Tania Nanette Larios Pérez (PRI).
En las últimas semanas se ha registrado en la Ciudad de México un incremento de las denuncias por presuntos "pinchazos" en espacios públicos, especialmente en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Esta práctica delictiva consiste en introducir de manera oculta o subrepticia un objeto punzocortante en el cuerpo de una persona, sin su consentimiento, con el posible propósito de administrar sustancias que alteren su estado físico o mental; y de acuerdo con las denuncias presentadas hasta ahora, las víctimas han reportado síntomas como mareo, somnolencia, confusión y desorientación después de recibir el "pinchazo", lo que evidencia un riesgo para su integridad, salud y autonomía personal.
La reforma aprobada establece que se adiciona un Capítulo III Ter Administración subrepticia de sustancias al Título Primero Delitos contra la vida, la integridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia del Libro Segundo Parte Especial y un artículo 141 Quáter del Código Penal para el Distrito Federal.
La pena prevista se incrementará hasta en una mitad cuando: la sustancia administrada sea psicoactiva, narcótica, psicotrópica o tóxica; ponga en peligro la vida o salud de la víctima; la víctima sea niño, niña, adolescente, mujer, persona con discapacidad, adulta mayor o de un grupo de atención prioritaria; se cometa en medios de trasporte; tenga como finalidad la comisión de otros delitos; se realice por dos o más personas; o se efectúe en un lugar cerrado o con acceso restringido.
La legisladora Yuriri Ayala Zúñiga (MORENA) señaló que con esta aprobación se da un paso significativo para proteger los derechos de las personas usuarias del transporte público, con el consenso de todas las fuerzas políticas del Congreso local. Desde ahora, dijo, "ningún tipo de violencia será minimizado o ignorado".
La diputada Frida Jimena Guillén Ortiz (PAN) reconoció que las personas más vulnerables a los pinchazos son mujeres, niños y jóvenes. Solicitó que continúe la tipificación de los delitos que ataquen la vida, integridad y seguridad de las y capitalinos, ya que "todavía queda mucho por atender, esto es un ejemplo de cómo si se pueden atender problemas que atañen y ataquen a la ciudadanía".
Por su parte, la diputada Patricia Urriza Arellano (MC) argumentó que ninguna persona debe subirse al metro con miedo, "el problema de seguridad en el Metro no se reduce a los lamentables pinchazos, hay un problema de seguridad toral".
El diputado Miguel Ángel Macedo Escartín (MORENA) indicó que el uso de pinchazos para inmovilizar es un delito cobarde, violento y profundamente invasivo, al ser una agresión que atenta contra la integridad física, mental y emocional, que afecta en especial a mujeres, adolescentes, personas con discapacidad y mayores.
En tanto el congresista Federico Chávez Semerena (PAN) planteó aumentar la pena de prisión, sanciones económicas más altas, generar operativos de vigilancia real y crear una fiscalía que haga este tipo de investigaciones, "el transporte público no puede ser un espacio de riesgo".
