Trabajadores del Poder Judicial no quieren ser evaluados
Denuncia

Trabajadores del Poder Judicial no quieren ser evaluados


Las y los inconformes exigen que se valore su desempeño y productividad, como ocurrió con jueces y magistrados electos, y advierten que el nuevo esquema podría afectar a cerca de mil trabajadores en Chiapas.


Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Chiapas protestaron contra las nuevas evaluaciones de carrera judicial, al considerar que podrían derivar en despidos y poner en riesgo su estabilidad laboral. 

Las primeras pruebas serán diagnósticas y se aplicarán entre noviembre y diciembre de este año; sin embargo, a partir de 2027, reprobar podría significar la pérdida del empleo. 

Las y los inconformes exigen que se valore su desempeño y productividad, como ocurrió con jueces y magistrados electos, y advierten que el nuevo esquema podría afectar a cerca de mil trabajadores en Chiapas.




Acuerdo

Esto, tras un acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial, publicado este 5 de noviembre, mediante el cual se regula la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial.

La inconformidad se centra en las consecuencias que, de acuerdo con los trabajadores, tendrá la calificación obtenida en las evaluaciones, al considerar que el nuevo mecanismo condiciona la permanencia laboral y genera incertidumbre entre quienes llevan años desempeñando funciones dentro de la institución.

Entre sus principales preocupaciones también se encuentra la falta de claridad sobre los criterios y mecanismos de evaluación; los trabajadores cuestionan si los exámenes tomarán en cuenta su experiencia y las funciones que desempeñan o si responderán a un formato académico, además de advertir que la incertidumbre ya tiene repercusiones emocionales entre el personal.

La inconformidad no se limita a las evaluaciones, pues denuncian un deterioro de las condiciones laborales, con jornadas extensas, falta de papelería e insumos, así como preocupación por un eventual régimen de movilidad que permitiría cambiar de adscripción a trabajadores incluso fuera de su lugar de residencia.


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