Empleados de juzgados y tribunales denuncian que el nuevo mecanismo de evaluación del Órgano de Administración Judicial pone en riesgo su estabilidad laboral y podría facilitar despidos y cambios de adscripción. La protesta ya se extendió a 16 estados y varias sedes de la Ciudad de México.
En protesta contra una nueva disposición que consideran una amenaza para su estabilidad laboral, trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron, en el primer minuto de este viernes 6 de noviembre, un paro de labores por tiempo indefinido.
La inconformidad surgió luego de que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) publicara en el Diario Oficial de la Federación, el jueves 5 de noviembre, un acuerdo que establece evaluaciones de desempeño cada dos años para toda la base trabajadora, con las que se determinará si los empleados pueden permanecer en sus puestos o deben ser reubicados en otras áreas.
Denuncian riesgo de despidos y violaciones a derechos laborales
Patricia Aguayo Bernal, secretaria en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Laboral, encabezó la protesta en el edificio sede de San Lázaro, donde estuvo acompañada por al menos 100 trabajadores inconformes.
La representante de los empleados explicó que el rechazo al acuerdo obedece, principalmente, a que fue publicado sin previo aviso y, además, consideran que abre la puerta a despidos y cambios de adscripción que vulnerarían sus derechos laborales.
Aguayo aclaró que los trabajadores no se oponen a ser evaluados, pero exigió que estas pruebas tengan como objetivo la capacitación y no la separación de sus puestos.
"Queremos que nos evalúen, pero que el propósito sea la capacitación", dijo.
Evaluaciones determinarán cuánto tiempo podrán permanecer en sus cargos
De acuerdo con la explicación de los trabajadores, el nuevo mecanismo contempla distintos resultados y consecuencias para quienes sean evaluados.
Quienes obtengan una calificación satisfactoria recibirán una constancia de permanencia por dos años; aquellos con resultados medianamente satisfactorios tendrán garantizado únicamente un año de trabajo.
En cambio, quienes obtengan una evaluación negativa podrían enfrentar la separación de su empleo.
Los trabajadores que no aprueben tendrán dos alternativas: presentar un recurso de revisión ante el Tribunal de Disciplina o realizar un examen extraordinario.
Para Patricia Aguayo, el mecanismo pone en riesgo incluso décadas de servicio dentro de la institución.
"Mis 24 o 25 años que tengo en la institución se van a ir a la basura y probablemente me corran. A eso estamos expuestos todos", advirtió.
Acusan intención de abrir espacios para personas cercanas a los nuevos mandos
Los inconformes también expresaron su preocupación por lo que consideran una posible sustitución de trabajadores con experiencia por personas cercanas a los actuales responsables del Poder Judicial.
Aseguraron que, después de los movimientos registrados desde la renovación del Poder Judicial, ahora estarían en riesgo las plazas de secretarios, actuarios y oficiales judiciales.
Según los manifestantes, las evaluaciones podrían convertirse en un mecanismo para desplazar a trabajadores y abrir espacios a nuevos perfiles.
Paro se extiende a 16 estados y sedes de la Ciudad de México
La suspensión de actividades ya suma juzgados y tribunales de 16 entidades del país, además de cuatro sedes en la capital.
Los estados donde se reporta la adhesión al paro son:
En la Ciudad de México, las protestas también alcanzaron las sedes de San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma.
Exigen cancelar el acuerdo y abrir una mesa de diálogo
Antes de colocar cadenas en las puertas del acceso principal del Palacio de Justicia, Patricia Aguayo reiteró que el movimiento no tiene como propósito impedir las evaluaciones, sino exigir que se modifique su finalidad.
Los trabajadores demandan que el Órgano de Administración Judicial deje sin efectos el acuerdo publicado el 5 de noviembre y, en caso de mantener las evaluaciones, emita uno nuevo que garantice que estas sirvan para la capacitación y el desarrollo profesional.
Advirtieron que el paro de labores se mantendrá por tiempo indefinido hasta que exista un diálogo con las autoridades del Órgano de Administración Judicial y se atiendan sus demandas.