Las organizaciones civiles que han seguido de cerca el impacto del Tren Maya presentaron un nuevo diagnóstico que coloca al centro lo que viven las comunidades de Quintana Roo y Campeche
El Informe de la Misión Civil de Observación, elaborado por un amplio conjunto de colectivos -entre ellos Greenpeace México, centros de derechos humanos e iniciativas indígenas y ambientales- describe un escenario que, según sus autores, requiere atención urgente.
El documento se concentra en los tramos 5, 6 y 7, donde habitantes de localidades rurales narraron cómo la obra transformó su vida cotidiana. No se trata solo de ruido o desplazamiento: las organizaciones registraron casos que consideran violaciones graves a derechos humanos, impactos en comunidades indígenas y alteraciones profundas en la selva y el sistema hídrico.
Greenpeace México y las demás organizaciones detallan que las afectaciones no siguen una sola línea, sino varias capas: desde pérdida de territorio hasta daños en cuevas, cenotes y corredores biológicos utilizados por especies endémicas.

Para las comunidades, dicen, la construcción no solo cambió el paisaje; alteró relaciones sociales, formas de organización y actividades productivas
Un veredicto previo que vuelve a aparecer
El informe retoma un punto clave: en 2023, el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza ya había advertido que el megaproyecto tenía un carácter "etnocida y ecocida".
La nueva observación, realizada entre 2024 y 2025, señala que los efectos documentados hoy confirman lo que ese tribunal había alertado hace dos años.

Entre los participantes que elaboraron el diagnóstico están el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, el Centro Comunitario U kúuchil k Ch?i?ibalo?on, Cenotes Urbanos, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Frayba, Kanan, Jaltun, OLAG, OMAL, Terravida y Greenpeace México, además de investigadores y defensores del territorio
Una iniciativa nacida desde abajo
La Misión Civil de Observación surgió en abril de 2025 a partir de una convocatoria ciudadana independiente que reunió a colectivos de la península de Yucatán.
Investigadores, productores y organizaciones locales recorrieron comunidades y registraron testimonios para entender, desde el terreno, cómo se ha alterado la vida social y ambiental de la región.
Las organizaciones sostienen que las afectaciones descritas no son hipotéticas ni futuras: son realidades que las comunidades viven ya.

Su conclusión apunta a las autoridades federales, a quienes piden revisar y atender -sin dilación- los impactos documentados