Trump busca frenar criminalidad con pena de muerte inmediata

El presidente Donald Trump ha anunciado una medida dura para combatir la delincuencia en Washington: su Administración buscará imponer la pena de muerte a quienes cometan un asesinato en la capital del país

Durante la séptima reunión de su Gabinete, Trump afirmó con firmeza que "si alguien mata a alguien en la capital, será sentenciado a la pena de muerte".

Considera esta acción como una forma contundente de prevención y aseguró que todo el equipo gubernamental apoya esta decisión, aunque reconoció que el país podría no estar aún listo para implementarla, pero dijo que no existe otra alternativa viable para enfrentar la violencia.

Esta postura forma parte de una estrategia más amplia diseñada para enfrentar el aumento de la criminalidad en Washington, a pesar de que las cifras de delitos están en su nivel más bajo en tres décadas.

La percepción de inseguridad ha motivado a Trump a tomar medidas extraordinarias. El pasado 11 de agosto decidió asumir el control de la seguridad de la ciudad durante un período inicial de 30 días, usando una ley que le permite intervenir la autoridad local bajo el argumento de una emergencia por la ola delictiva

Para apoyar esta estrategia, ya están operando alrededor de 800 miembros de la Guardia Nacional de Washington, cifra que aumentará hasta llegar a cerca de 2,000 con la llegada de efectivos adicionales enviados por seis estados gobernados por republicanos -Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee-.

Además, la seguridad recae en varias agencias, como la Policía Metropolitana, el FBI, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes patrullan en conjunto.

Hasta el momento, la fiscal general, Pam Bondi, informó que se realizaron 1,094 arrestos y se decomisaron 115 armas ilegales en Washington.

Esta intervención ha generado críticas por parte de grupos activistas que acusan a las autoridades federales de aprovechar la operación para detener a migrantes indocumentados bajo el pretexto de combatir el crimen, lo que ha generado preocupaciones sobre un posible uso excesivo del poder y la vulneración de derechos civiles en la ciudad