Trump exige datos de familias con apoyo alimentario

Una coalición de 20 fiscales generales en Estados Unidos presentó este lunes una demanda contra el Gobierno del presidente Donald Trump por exigir que los estados entreguen datos personales de los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), también conocido como cupones para alimentos.

De acuerdo con los fiscales, esta exigencia representa una amenaza directa a la privacidad de millones de personas y un intento de usar la información con fines migratorios.

La demanda fue presentada en California, justo dos días antes de que venza el plazo que el Departamento de Agricultura fijó para que los estados entreguen los datos de los solicitantes del programa de los últimos cinco años. Esta información incluye nombres, fechas de nacimiento, números de seguro social, direcciones y códigos postales. SNAP es un programa federal que beneficia a 42 millones de personas en Estados Unidos, muchas de ellas en situación vulnerable.

El fiscal de California, Rob Bonta, declaró que esta solicitud del gobierno federal "viola leyes de privacidad estatales y federales y rompe aún más la confianza entre el Gobierno y las personas a las que sirve". En una conferencia virtual, estuvo acompañado por las fiscales generales de Nueva York, Letitia James, y Michigan, Dana Nessel, quienes también rechazaron la medida.

La fiscal James recordó que en Nueva York, 2.9 millones de personas reciben ayuda a través del SNAP, y más de la mitad de los hogares beneficiarios son familias con niños. Además, un tercio de estas familias incluye personas mayores o con discapacidad. Para ella, usar esta base de datos con fines migratorios es "indignante e inaceptable".

El Departamento de Agricultura advirtió la semana pasada que, si los estados no cumplen con la solicitud de datos, podrían enfrentar procedimientos por incumplimiento que podrían traducirse en la retención de fondos federales. Sin embargo, los fiscales señalaron que SNAP ya cuenta con medidas de seguridad sólidas y que los índices de fraude en el programa son muy bajos.

"Esto no se trata de prevenir fraudes, sino de usar datos para intimidar a comunidades vulnerables", aseguró Bonta. También señaló que los datos fueron entregados por los solicitantes con la finalidad de alimentar a sus familias, no para ser usados como una base de vigilancia del Gobierno federal.

Entre los estados que se sumaron a la demanda están Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Washington, Wisconsin, Kentucky y el Distrito de Columbia. Para los fiscales, esta acción del gobierno es histórica por su gravedad y podría tener consecuencias graves para millones de personas si no se detiene.