Trump quiere enviar migrantes a Sudán del Sur
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó al Tribunal Supremo que autorice la deportación de ocho migrantes hacia Sudán del Sur, a pesar de una orden judicial previa que lo impide.
Estas personas, provenientes de países como México, Cuba, Laos, Birmania, Vietnam y solo uno de Sudán del Sur, se encuentran actualmente detenidas en una base militar estadounidense ubicada en Yibuti, África.
La petición de Trump surge luego de que el juez federal Brian Murphy, en Massachusetts, determinara que el Gobierno violó una orden judicial que le prohibía deportar a los migrantes sin permitirles defender sus casos legalmente. El juez advirtió que enviarlos a Sudán del Sur podría ponerlos en riesgo de tortura, lo cual contraviene la legislación estadounidense.
El Gobierno de Trump argumenta que los migrantes cometieron crímenes graves y que ningún otro país aceptó recibirlos, excepto Sudán del Sur. Sin embargo, el Departamento de Estado considera que ese país africano es peligroso debido a sus conflictos armados, y en mayo incluso ordenó la salida de su personal no esencial.
Ante el fallo judicial, el juez Murphy ofreció una alternativa: que las audiencias migratorias se realicen en Yibuti, donde los migrantes están detenidos. Esta base militar estadounidense sirvió como escala del avión que se dirigía a Sudán del Sur con los deportados a bordo, antes de que la orden judicial los detuviera.
Este caso se suma a otros enfrentamientos entre el Gobierno de Trump y el poder judicial, particularmente en torno a su política migratoria. El mandatario ha insistido en llevar a cabo "deportaciones masivas" como parte de su estrategia para controlar la migración, incluso con acuerdos que han generado controversia.
Uno de estos acuerdos fue firmado con El Salvador. Según informes, el gobierno estadounidense habría enviado a más de 200 personas a una megacárcel en ese país, donde siguen incomunicadas. A cambio, Washington habría ofrecido 6 millones de dólares al gobierno del presidente Nayib Bukele, aunque el contenido del acuerdo no ha sido hecho público.
La situación actual refleja los esfuerzos del gobierno de Trump por acelerar expulsiones aún en condiciones legales cuestionadas, lo que ha generado críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos y del sistema judicial. El Tribunal Supremo deberá decidir si respalda o no esta nueva ofensiva migratoria del presidente estadounidense.
