El 9 de septiembre de 2024 en Sinaloa el velo cayó, vimos por primera vez en décadas cara a cara lo que éramos, no más negaciones, no más secretos a voces o especulaciones; el Estado tenía un Gobernante y no era el titular del poder ejecutivo, era el crimen organizado.
El mismo crimen organizado que rige cuando y en que horarios puede salir la ciudadanía, deciden quién muere y quien vive, de ellos depende que un desaparecido regrese con vida a su hogar o que permanezca en el limbo legal entre la vida y la muerte.
Desde aquel miércoles de septiembre Sinaloa se encuentra agonizando, una muerte anunciada en julio de ese mismo año, cuando una de las figuras del narcotráfico más importantes del país fue entregada a las autoridades estadounidenses.
La detención de Ismael Zambada García ha desatado la muerte y desaparición impune de miles de personas, entre ellos políticos, empresarios y policías, además de víctimas inocentes.
Pocas semanas después de iniciar esta narco pandemia la Policía Municipal de Culiacán entró bajo revisión de las autoridades federales, estuvieron inhabilitados durante dos meses y aún así las autoridades locales se niegan a admitir que esto significa que la mano del crimen organizado había alcanzado las entrañas de la policía local. Los asesinatos directos a agentes, y las destituciones son una prueba irrefutable de complicidad o de incompetencia absoluta.
La cifra de muertos aumenta a pasos agigantados con cada día que pasa, pero detrás de esta cifra está la vida de niños, mujeres, jóvenes y hombres que no tenían nada que ver con la narcoguerra.
Se encuentra Laura de 56 años de edad, quien se dirigía a su casa tras un día de trabajo y fue alcanzada por una bala perdida mientras iba en un camión y quien perdió la vida tras 23 días de lucha en el hospital.
Carlos de 14 años de edad también perdió la vida en una balacera mientras se encontraba trabajando en un autolavado, su madre mencionó que el menor se encontraba trabajando para ayudarle a organizar una fiesta para el cumpleaños de su abuela, la cual se convirtió en funeral.
Yesenia de 25 años de edad tenía cinco meses de embarazo cuando murió en medio de un enfrentamiento en Guasave, presuntamente como una equivocación de la Guardia Nacional.
Y por otro lado están quienes para las autoridades no vale la pena mencionar ni siquiera en cifras; cientos de jóvenes que han muerto durante los enfrentamientos, quienes mueren "abatidos" por el gobierno y bajo la nómina de crimen organizado, o quienes en el mejor de los casos son detenidos para pasar en un penal más años de los que han vivido en libertad, estos nombres no se mencionan porque son la prueba irrefutable de un Estado fallido.
Y mientras los asesinatos, el robo de autos, las desapariciones, los cierres de negocios y la pérdida de empleos continua los sinaloenses tratan de encontrar el Sinaloa en el que vive el Gobierno, ese en el que los hechos de violencia son aislados, y están controlados, ese en el que la vida nocturna ya se reactivó, las fiestas patrias siguen en pie y no pasa nada.