?Un juez federal ordenó este 11 de septiembre al Gobierno del entonces presidente Donald Trump restablecer temporalmente una política que otorga a inmigrantes legales e indocumentados acceso a ciertos beneficios de salud y servicios sociales financiados con recursos federales, incluidos los destinados a menores en edad preescolar
La decisión fue emitida por el magistrado Ricardo Martínez, del Distrito Oeste de Washington en Seattle, quien bloqueó una directiva del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) publicada en julio pasado.
Esa norma buscaba excluir a familias migrantes de programas como Head Start, un servicio preescolar para niños menores de cinco años.
Según el juez, el HHS reinterpretó de manera indebida la definición de "beneficio público federal" dentro de la ley PRWORA de 1996, que en su versión original permitía el acceso de inmigrantes indocumentados a ciertos apoyos de salud y asistencia
El impacto en Head Start
Para dimensionar la importancia del fallo, basta pensar en un ejemplo concreto: una madre indocumentada con un hijo de cuatro años podría haber perdido la posibilidad de inscribirlo en un programa preescolar financiado por el Gobierno federal.
Con la decisión judicial, estas familias podrán continuar accediendo a servicios básicos de aprendizaje temprano.
Jennesa Calvo-Friedman, abogada del Proyecto de Derechos de la Mujer de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y representante de los demandantes, celebró la resolución:
"Hoy el tribunal fue claro: el HHS no tiene la autoridad para imponer una restricción basada en la inmigración a las familias de Head Start".
La abogada subrayó que ningún niño ni familia debería temer acceder a servicios esenciales de aprendizaje temprano
La demanda colectiva
El fallo se produjo después de que una coalición de 21 estados interpusiera una demanda contra el Gobierno federal para detener la implementación de la nueva política del HHS, la cual consideraban discriminatoria y fuera de la ley.
Con esta resolución, la corte reafirma que los derechos de acceso a programas básicos, como Head Start, no pueden condicionarse al estatus migratorio.