En México, el mercado negro de vaporizadores y cigarros ilegales está creciendo a pasos agigantados, una situación que preocupa tanto a especialistas como a organizaciones civiles
Todo esto ocurre en un contexto donde las políticas prohibitivas y la falta de regulación han dejado a millones de consumidores en la incertidumbre y han abierto la puerta a redes clandestinas que operan sin control.
La raíz del problema se encuentra en la reforma constitucional aprobada en enero pasado, que prohíbe el uso, distribución y comercialización de vaporizadores en el país. Según activistas, esta medida, lejos de frenar el consumo, empujó a los usuarios a buscar estos productos en el mercado negro, donde no existen garantías de calidad ni controles sanitarios.
Juan José Cirión Lee, presidente de la organización México y el Mundo Vapeando, advierte que ahora toda la oferta de vaporizadores está en manos de redes ilegales, lo que pone en riesgo a quienes buscaban alternativas menos dañinas para dejar el tabaco.
El impacto no solo es sanitario. La prohibición provocó el cierre de la mitad de los negocios formales que vendían estos dispositivos, según relata Miguel García, activista y consumidor. Muchos comerciantes tuvieron que cerrar definitivamente o cambiar de giro, lo que ha dejado a miles de personas sin empleo y ha reducido la oferta de productos de calidad
Además, la medida ha significado un retroceso en la lucha contra el tabaquismo, ya que el acceso a alternativas científicamente comprobadas quedó limitado, mientras que el crimen organizado encontró un nuevo nicho de mercado.
La situación se agrava con la venta sin control de estos productos en puestos ambulantes y tianguis, donde incluso se ofrecen frente a lugares emblemáticos como el Palacio Nacional. Tomás O?Gorman, de la organización ProVapeo, denuncia que los vaporizadores y cigarros electrónicos se venden "como si fueran golosinas", sin ningún tipo de restricción, y a menudo llegan a manos de menores de edad.
Pero el problema no termina ahí. El contrabando de cigarros también ha encontrado terreno fértil, especialmente en la frontera sur del país. El Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño) reveló que, en estados como Yucatán, seis de cada diez comercios establecidos venden cigarros ilegales.
Estos productos, provenientes de países como China, Vietnam e India, ingresan por Belice y se distribuyen por todo México sin cumplir con las normas sanitarias ni pagar impuestos
El precio de estos cigarros ilícitos es muy bajo: se venden desde 20 pesos, apenas el 28% del costo de una cajetilla legal, lo que incentiva aún más su compra. Se pueden encontrar en todo tipo de establecimientos, desde mercados públicos hasta tiendas de abarrotes, dulcerías y papelerías. Además, la venta en redes sociales y plataformas digitales ha facilitado su acceso, incluso para menores de edad.
Esta situación genera pérdidas millonarias para las arcas del Estado. De acuerdo con la consultora Oxford Economics, el gobierno deja de recaudar hasta 13,500 millones de pesos al año por la evasión fiscal relacionada con este mercado ilegal.
Ante este panorama, ConComercioPequeño ha lanzado una campaña para alertar a los pequeños comerciantes sobre los riesgos legales de vender cigarros ilegales, que pueden ir desde multas y decomisos hasta la clausura del negocio o incluso prisión